El juez Leodan Cristóbal Ayala varió el mandato de prisión preventiva por 24 meses que pesaba sobre Vladimir Roy Cerrón Rojas y, como consecuencia, dispuso que la Policía Nacional del Perú cese sus acciones de búsqueda, ubicación y captura del líder de Perú Libre. La nueva medida es la comparecencia con restricciones por un plazo de un año, 11 meses y siete días.

La decisión se adoptó en el marco de la investigación preparatoria que el fundador del partido de gobierno afronta por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de su agrupación política entre los años 2008 y 2021, caso por el cual se le investiga por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal en agravio del Estado.

“Estando a la nueva condición procesal del imputado, SE DISPONE LIBRAR LOS OFICIOS correspondientes, a fin que la autoridad policial CESE EN SU BÚSQUEDA, UBICACIÓN y CAPTURA del investigado VLADIMIR ROY CERRON ROJAS, al estar vinculado al proceso de autos en libertad”, dispone el magistrado en una resolución emitida el último 31 de julio a la que tuvo acceso RPP.

Con esta orden del Poder Judicial, Cerrón Rojas, quien permanecía como prófugo de la justicia, deja de ser buscado activamente por la Policía Nacional en el marco de este proceso específico, aunque sigue sujeto a las restricciones impuestas por su nueva condición procesal.

Con esa decisión, el magistrado Cristóbal Ayala se alineó con el fallo del Tribunal Constitucional que dejó sin efecto la prisión preventiva de 24 meses que pesaba sobre el líder de Perú Libre. La medida fue anulada por falta de debida motivación y porque, al haber variado las circunstancias que la originaron, ya no resultaba objetivamente justificada.

Además, Ayala impuso a Cerrón Rojas una serie de reglas de conducta. Entre ellas figura la obligación de no ausentarse de su lugar de residencia en Lima sin autorización judicial previa, así como la prohibición de viajar fuera del país por un periodo de un año, once meses y siete días, para lo cual se oficiará a la autoridad migratoria.

El imputado deberá comparecer cada treinta días ante el Despacho de la Fiscalía Provincial encargado del caso para firmar el cuaderno de control presencial de sujeción al proceso. También tendrá que presentar, con la misma periodicidad, un informe ante el despacho del juez con las actividades más trascendentes de su día a día, y concurrir ante la autoridad fiscal y judicial cada vez que sea citado.

En cuanto a la caución económica, se fijó un pago de 30 mil soles, que deberá realizarse dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución. Si Cerrón ya cumplió con la caución inicial de 20 mil soles que se le había impuesto, en ese mismo plazo deberá abonar los 10 mil soles restantes.

En la resolución, el magistrado apercibe a Vladimir Cerrón y le advierte que, si incumple las reglas de conducta impuestas, se revocará la comparecencia con restricciones otorgada y se le aplicará una medida más grave, tal como lo establece el inciso 3) del artículo 287° del Código Procesal Penal. Cerrón figura como “no habido” desde el 6 de octubre del 2023, cuando se dictó en su contra una condena de tres años y seis meses de prisión por el delito de colusión simple en agravio del Estado, en el marco del caso Aeródromo Wanka. No obstante, el pasado 26 de marzo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revocó ese fallo y lo absolvió en dicho proceso penal. De esta manera, el líder de Perú Libre enfrenta ahora un nuevo escenario judicial por el caso de los aportes a la campaña de su partido, que motivó la orden judicial para que la PNP cese su búsqueda, ubicación y captura. El tribunal también dejó en claro que, ante cualquier incumplimiento, la medida podría endurecerse, conforme a lo previsto en la legislación procesal vigente. La situación de Cerrón, quien permanece en condición de no habido, sigue generando atención en el ámbito político y judicial del país, mientras se definen los próximos pasos en su proceso. El Poder Judicial ordenó a la PNP el cese de la búsqueda, ubicación y captura de Vladimir Cerrón en el marco del caso por aportes a las campañas de Perú Libre. La disposición judicial se emitió tras evaluar los argumentos presentados por la defensa del líder del partido, quien enfrenta un proceso por presuntos delitos vinculados al financiamiento electoral. Con esta medida, se suspende la orden de detención que pesaba sobre Cerrón, aunque el proceso judicial continúa en curso. La decisión fue comunicada a las autoridades policiales para su inmediato cumplimiento.

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