El fallo del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el proceso penal contra Ollanta Humala por presunto lavado de activos vinculado a los aportes de las campañas presidenciales del Partido Nacionalista de 2006 y 2011 no solo devuelve la libertad al expresidente, que ya dejó el penal de Barbadillo, sino que también reorienta la atención hacia el futuro de Nadine Heredia. La ex primera dama, sentenciada a 15 años de prisión por el mismo caso y actualmente asilada en Brasil, podría verse alcanzada por los efectos de la resolución, aunque su vuelta al Perú no sería inmediata.
Mientras Humala recupera su libertad, Heredia deberá aguardar a que la decisión del TC sea extendida formalmente a su favor. Para el abogado penalista Andy Carrión, esa ampliación no requeriría que la defensa de la ex primera dama presente un hábeas corpus independiente, pues existe un precedente que la respalda. “El caso Cócteles es el referente. El recurso que se presentó fue a favor de José Chlimper y, a partir de ahí, se extendieron los efectos a favor de Yoshiyama, Keiko Fujimori y a todos los demás que estaban imputados en la resolución de archivo. Entonces, si se sigue ese precedente, tendrían que archivar toda la causa en contra de todos los que estén en esta investigación”, explicó a Perú21.
El letrado añadió que la condición de asilada de Heredia no alteraría el análisis jurídico del caso, ya que el TC resolvió el fondo del proceso y no aspectos vinculados al peligro procesal, lo que allanaría el camino para que la medida alcance también a la ex primera dama.
Wilfredo Pedraza, abogado que acompañó la defensa de Ollanta Humala durante gran parte del proceso, conversó con Nadine Heredia y reveló que el retorno de la ex primera dama al Perú sigue en evaluación. El exministro del Interior señaló que cualquier determinación será tomada de manera privada por la pareja, una vez que se defina el alcance del fallo constitucional. “Si ella retorna significará una renuncia a su asilo, pero es un asunto que privadamente lo definirá con Humala, porque así también decidieron el asilo. Vendrá cuando el caso se archive en favor de ella; antes de ello lo dudo”, declaró el letrado desde los exteriores del penal de Barbadillo.
El criterio del Tribunal Constitucional, aunque fue presentado únicamente a favor del expresidente, también podría beneficiar a los demás investigados. “Probablemente una decisión similar ocurra en este caso y Heredia y los demás implicados pidan que estos efectos se amplíen para ellos, también. Si para Ollanta Humala no es delito, tampoco será delito para las otras personas”, manifestó Pedraza, quien coincidió con la posición de que el archivo de la causa dejaría sin efecto la orden de captura contra Heredia. “El que se haya fugado o no, es un tema de peligro procesal, pero no tiene que ver con el fondo. Y el Tribunal Constitucional ha decidido aquí el fondo. Entonces, si la causa se archiva, ya no tendría sentido que siga vigente la orden de captura contra Heredia así esté fugada, porque el caso en realidad ya quedaría sin efecto”, afirmó.
Edison Huamán, otro integrante de la defensa, fue más cauto y sostuvo que no recomendaría el retorno de la ex primera dama mientras no existan garantías suficientes para afrontar un proceso judicial. “Yo no le recomendaría que regrese porque la decisión del Tribunal Constitucional es un claro ejemplo de que la familia Humala-Heredia ha sido víctima de los abusos de la Fiscalía y el Poder Judicial. Este sistema no da garantías para que regrese”, señaló.
Mientras Ollanta Humala recuperará la libertad tras la ejecución del fallo del Tribunal Constitucional por parte del Poder Judicial, Nadine Heredia seguirá en Brasil bajo el amparo del asilo político. La ex primera dama permanecerá en ese país hasta que se resuelva la ampliación de los efectos de la sentencia, un paso previo indispensable para que ella y su esposo puedan decidir si su historia continúa escribiéndose en el Perú. Así, el desenlace judicial ha colocado a ambos en escenarios opuestos por ahora: él volverá a las calles, mientras ella aguarda en territorio brasileño la definición de su situación legal.
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