La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha bloqueado más de 24 300 envíos valorados en cerca de 1 000 millones de dólares desde que entró en vigor la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur (UFLPA). Ahora, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU. dio un paso más: este viernes incorporó 43 empresas chinas a la lista de entidades sancionadas bajo ese mecanismo, con lo que el registro pasará a incluir 187 compañías a partir del próximo 3 de agosto.

Se trata de un incremento del 30 % y la mayor expansión desde la creación del mecanismo. La medida impedirá el ingreso a Estados Unidos de los productos fabricados por esas compañías, al presumirse que están vinculadas al trabajo forzoso en la región china de Xinjiang.

Según el DHS, las empresas incorporadas operan en sectores como el aluminio, la confección, el cobre, el algodón y el procesamiento de tomates. Habrían obtenido materiales de Xinjiang o participado en programas de traslado y contratación de uigures, kazajos, kirguises y otros grupos perseguidos.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que el Gobierno de Donald Trump impedirá que los productos de estas compañías ingresen al mercado estadounidense para evitar que los trabajadores del país compitan con bienes elaborados mediante "mano de obra esclava".

La decisión se enmarca en la estrategia comercial de la Administración de Donald Trump para mantener vigentes sus aranceles globales con un nuevo mecanismo legal basado en el trabajo forzado. La ampliación, que entrará en vigor el 3 de agosto, llega en un contexto de endurecimiento de las restricciones comerciales de Washington hacia Pekín.

La medida busca complementar la aplicación de la UFLPA y otras acciones destinadas a excluir de las cadenas de suministro estadounidenses los productos vinculados a abusos laborales. En total, la propuesta afecta a 60 economías, entre ellas China, la Unión Europea, México, Canadá, Japón, India y Ecuador. Según Washington, estas prácticas perjudican tanto a los derechos humanos como a la competitividad de los trabajadores y fabricantes de Estados Unidos.

Hace una semana, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) impuso aranceles adicionales del 10 % a productos de 14 economías y del 12,5 % a mercancías de otras 46, al considerar que esos países no hacen lo suficiente para impedir que bienes elaborados con trabajo forzoso entren en sus mercados. De esta manera, el nuevo gravamen se suma a las restricciones ya existentes y refuerza la postura del gobierno estadounidense frente a las cadenas productivas que emplean mano de obra forzada.

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