Las fiscalías especializadas en ciberdelincuencia del Ministerio Público han logrado 785 sentencias condenatorias por delitos informáticos en el Perú. La mayoría de los casos corresponden a fraude informático, la modalidad con mayor número de denuncias a nivel nacional, aunque también se registran condenas por suplantación de identidad, propuestas sexuales a menores de edad y otros ilícitos cometidos en entornos digitales.

Fiscalías especializadas en ciberdelincuencia logran 785 sentencias condenatorias en Perú

Así lo informó Aurora Castillo, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Ciberdelincuencia, quien destacó a la Agencia Andina que gran parte de las investigaciones se inicia contra personas cuya identidad se desconoce. Identificar a los responsables, precisó, suele requerir un trabajo técnico y especializado que puede extenderse durante varios meses.

En ese contexto, la cooperación internacional resulta fundamental para el esclarecimiento de los casos, debido a que muchos proveedores de servicios digitales tienen su sede fuera del Perú. Entre ellos figuran plataformas como Meta, TikTok y Roblox, que pueden conservar información relevante para las investigaciones.

Castillo explicó que las autoridades solicitan inicialmente la preservación de los datos para evitar su eliminación. Posteriormente, se siguen los procedimientos legales correspondientes para acceder a esa información y utilizarla como evidencia dentro de un proceso penal.

La limitada cobertura territorial es otro de los problemas señalados por la coordinadora nacional: solo existen fiscalías especializadas exclusivamente en ciberdelincuencia en Lima Centro, Trujillo y Arequipa, pese a que estos ilícitos afectan a ciudadanos de todo el país. Por ello, muchas investigaciones recaen en despachos que también atienden otro tipo de delitos, lo que puede retrasar las diligencias cuando se requiere actuar con rapidez para preservar evidencia digital.

Castillo también mencionó que las pesquisas se vuelven más complejas cuando las organizaciones criminales usan criptomonedas para ocultar el origen y destino del dinero obtenido ilícitamente. A ello se suma el reto de aplicar normas tradicionales del Código Procesal Penal a delitos cometidos en entornos digitales, pues los procedimientos actuales no siempre responden a la velocidad con la que pueden desaparecer datos o movilizarse fondos ilícitos.

En ese sentido, la fiscal consideró necesario incorporar a la legislación peruana mecanismos procesales previstos en el Convenio de Budapest. Mientras tanto, el Ministerio Público viene fortaleciendo la capacitación de fiscales y personal especializado con apoyo de entidades internacionales para enfrentar delitos que evolucionan constantemente con el avance de la tecnología, aunque el número de fiscalías dedicadas a este ámbito sigue siendo reducido.

Leer artículo completo en larepublica.pe →