Con el mismo argumento que liberó a Keiko Fujimori en el caso Cócteles, el Tribunal Constitucional (TC) anuló todo el proceso por lavado de activos contra el expresidente Ollanta Humala: recibir aportes de campaña no era delito cuando se le imputó. Pese a que las fechas eran públicas, la norma era clara y los abogados defensores lo advirtieron desde el inicio, los fiscales José Pérez y Rafael Vela siguieron adelante, por lo que no se puede calificar esto de error.

Lo que hizo el Equipo Especial Lava Jato fue forzar una tipificación y procesar a personas por conductas que, en su momento, no constituían delito, lo que vulnera el principio de legalidad. Seamos claros: los aportes no bancarizados, el pitufeo y los falsos aportantes son conductas repudiables, y tanto Humala como Fujimori recibieron dinero que no querían que apareciera. Eso no los hace inocentes en el sentido ético, pero la justicia no opera con ética: opera con tipos penales.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, afirmó que el daño a la lucha contra la corrupción causado por la terquedad de estos fiscales es irreparable y tiene un costo de más de tres millones de soles en gastos operativos. Si bien el equipo especial tuvo aciertos, el resultado es construir casos que el TC derrumba con el mismo argumento dos veces seguidas, y la pregunta es quiénes ganan aquí.

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