Ni siquiera ha pasado una semana desde que Julián Pérez Mallqui juró como diputado con un discurso propio de "revolucionario de medio pelo", y el congresista de Juntos por el Perú ya fue detenido en una comisaría del distrito limeño de San Miguel, a donde llegó tras ser intervenido en flagrancia por agredir a una mujer. El episodio, sin embargo, no debería sorprender si se revisan los antecedentes del sujeto, quien arrastra un verdadero prontuario que incluye el paso por la cárcel por haber atropellado ebrio a dos personas en Pichari, Cusco.

Lo positivo, en medio del escándalo, es que desde hace algunos años la inmunidad parlamentaria dejó de tener efecto cuando se trata de presuntos delitos comunes cometidos fuera de la función para la que fueron elegidos los implicados. Así, todo el peso de la ley podría caer sobre el diputado izquierdista, siempre y cuando no existan "interferencias" ni "presiones" de por medio, como es de esperarse en un país donde estas cosas solo suceden en el Perú.

El hecho de que Juntos por el Perú haya reclutado como candidato al Legislativo a un peligro público tampoco debería llamar la atención. El partido de Roberto Sánchez hizo campaña al lado de un criminal como Antauro Humala y postuló a varios elementos cercanos a bandas terroristas. La cereza en el pastel avinagrado: su razón de ser es lograr la libertad de un golpista y ladrón como Pedro Castillo. Pérez Mallqui, incluido en la lista al Poder Legislativo por esas casualidades que solo ocurren en el Perú, logró ser elegido "padre de la patria" pese a su historial delictivo.

La bancada de Juntos por el Perú ha preferido quitarle hierro al asunto. Mientras el senador Hugo Ccahuana intenta minimizar lo ocurrido, la agrupación asegura que tomará medidas de acuerdo con el avance de las investigaciones. El contraste es evidente: a la senadora Silvana Robles la pasaron por la moledora de carne apenas sin mostrar su voto en la elección de la Mesa Directiva, sin proceso ni pesquisa de por medio. Ahora, con Pérez Mallqui, la historia es otra.

Y no es el único caso que mancha al nuevo Congreso. Bladimir Sonco, de Ahora Nación, amenazó hace poco en Juliaca a un trabajador que llegó a cortarle el agua por falta de pago. Iber Maraví, también de Juntos por el Perú, usó su investidura para actuar como agitador en la Plaza San Martín. Para quienes creyeron inocentemente que esta legislatura sería mejor que la anterior, plagada de delincuentes y sinvergüenzas, la respuesta está a la vista. Y eso que recién empiezan.

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