La presidenta Keiko Fujimori confirmó ayer que su Gobierno evalúa otorgar el salvoconducto que la expremier Betssy Chávez solicitó para viajar a México, país que ya le concedió asilo. “Todavía no hemos tomado la decisión final, pero vamos a tener una conversación larga con el canciller”, declaró la mandataria a la prensa tras su visita a Junín por las secuelas del sismo.

El caso de Chávez se ha convertido en un eje central para la relación bilateral. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, colocó el tema como condición para recomponer los vínculos entre ambas naciones: afirmó que el respeto al derecho de asilo y el salvoconducto para la expremier son una “condición principal” para restablecer las relaciones diplomáticas y designar nuevamente un embajador en Lima. Incluso reveló que el secretario de Relaciones Exteriores de su país ya conversó con Fujimori para avanzar y “normalizar” sus relaciones.

La exjefa del gabinete del golpista Pedro Castillo permanece en la Embajada de México en Lima desde el 3 de noviembre de 2025, cuando recibió asilo diplomático mientras afrontaba un proceso judicial por su participación en el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

En ese escenario, el canciller Carlos Espá señaló que México y Perú no deben estar “separados” y que trabaja para una “ruta de integración” de ambas naciones. Espá, incluso, se mostró proclive a entregar este documento y sostuvo que el Ejecutivo resolverá el caso bajo las normas internacionales. “Nosotros vamos a actuar de acuerdo a los principios del derecho internacional, de acuerdo a la Convención de Caracas de 1954, que es la Convención del Asilo”, respondió ayer a la prensa en su ceremonia de transferencia del cargo.

En contraste con esa posición, el régimen de José Jerí y el canciller Hugo de Zela rechazaron el 7 de noviembre de 2025 otorgar el salvoconducto solicitado por México para Chávez. En un comunicado publicado ese día, la Cancillería sostuvo que la Convención de Caracas de 1954 había tenido una “evolución negativa” en su práctica internacional y cuestionó que sus disposiciones fueran utilizadas para calificar delitos comunes como casos de persecución política.

Para la entidad, ello desnaturalizaba el objetivo del tratado y advirtió que “en ningún caso debe utilizarse para eludir la aplicación de las leyes nacionales para que personas que han delinquido puedan liberarse de las decisiones judiciales”. El entonces Gobierno peruano anunció además que propondría ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) modificar la Convención de Caracas de 1954 para impedir que su aplicación se desvirtúe. “Para evitar que esta tergiversación de su esencia continúe ocurriendo. Se iniciará de inmediato un proceso de consultas con otros países miembros de la OEA”, reza el comunicado.

El nuevo gabinete se distanciaría así de esa postura. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, expresó una posición favorable a una eventual entrega del salvoconducto a Chávez en una entrevista del pasado jueves. “Yo creo que sí (se debe entregar el salvoconducto), porque además creo que está amparado en la legislación internacional”, declaró a Exitosa. “Nosotros tenemos muy claro, porque la Convención es clarísima, cuáles son las obligaciones de los Estados”, agregó.

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