El último informe de la Contraloría General, con corte a marzo de 2026, revela que al menos 55 obras de salud permanecen paralizadas en todo el país. La inversión actualizada de estos proyectos asciende a aproximadamente S/4.574 millones, con un saldo pendiente de ejecución cercano a S/2 mil millones. Se trata de hospitales, centros de salud, consultorios, salas de emergencia y centros quirúrgicos que nunca llegaron a atender pacientes.
La presidenta Keiko Fujimori abrió su mandato señalando que el Estado perdió miles de millones de soles por la corrupción, la mala gestión y las obras inconclusas, entre ellas hospitales que nunca llegaron a construirse. Ese diagnóstico alcanza ahora al desafío que enfrenta su propio gobierno: reactivar una cartera más amplia de 77 obras de salud paralizadas —que incluye también proyectos de saneamiento y cementerios— valorizadas en S/4.836 millones.
Para el exministro de Salud Víctor Zamora, el costo de esta paralización trasciende lo económico. "No son solo expedientes detenidos; son camas, consultorios, salas de emergencia, centros quirúrgicos y servicios diagnósticos que no están disponibles cuando los ciudadanos los necesitan", sostiene. La consecuencia inmediata es una menor capacidad de respuesta del sistema sanitario: mientras estas obras permanecen detenidas, los hospitales ya existentes continúan atendiendo por encima de su capacidad, aumentan las listas de espera y miles de pacientes deben trasladarse a otras ciudades para acceder a consultas, cirugías o exámenes especializados.
Zamora advierte además que la paralización produce un doble perjuicio: el dinero invertido permanece inmovilizado mientras la infraestructura construida comienza a deteriorarse y los equipos adquiridos pueden quedar obsoletos antes de entrar en funcionamiento. Especialistas coinciden en que destrabar estos proyectos es urgente, pero insuficiente si no se garantiza presupuesto, personal médico y una mejor planificación.
Mientras la lideresa anuncia la expansión de la infraestructura sanitaria y nuevos proyectos, decenas de hospitales y centros de salud continúan inconclusos y sin fecha clara para entrar en funcionamiento, manteniendo congelada infraestructura clave para reducir las brechas de atención en el país.
Los proyectos más críticos
Detrás de las cifras nacionales se esconden proyectos emblemáticos que llevan años esperando su culminación y cuya paralización golpea directamente a cientos de miles de personas. En Tacna, el nuevo Hospital Hipólito Unanue debía reemplazar a un establecimiento que supera los 60 años de funcionamiento; la propia administración reconoce que opera con limitaciones de espacio e infraestructura para responder a la creciente demanda. En Ayacucho, el Centro de Salud de Sivia buscaba fortalecer la atención en una de las zonas del Vraem con mayores brechas de acceso a servicios especializados, donde muchos pacientes deben recorrer varias horas para llegar a un hospital de mayor complejidad.
La distribución de las obras detenidas no es uniforme. Decenas corresponden a gobiernos regionales y locales, precisamente los niveles del Estado con mayores limitaciones técnicas para ejecutar proyectos complejos como hospitales. Piura, Puno y Cusco encabezan la lista con siete establecimientos detenidos cada una; les siguen Áncash y La Libertad con seis, y Lima, Tacna, Huánuco y Cajamarca con cinco proyectos paralizados por región.
En Puno, las necesidades son distintas. El Hospital Materno Infantil de Juliaca fue concebido para ampliar la atención especializada a gestantes, recién nacidos y niños en una ciudad que concentra una de las mayores poblaciones del altiplano y cuya red hospitalaria atiende a cientos de miles de habitantes de provincias vecinas. El Hospital de Ilave, por su parte, debía incrementar la capacidad resolutiva en la provincia de El Collao para evitar que pacientes continúen siendo derivados a Juliaca o Puno por falta de servicios especializados. En ambos casos, la paralización mantiene brechas de atención que las nuevas infraestructuras buscaban precisamente reducir.
El impacto de estas obras va más allá del retraso en la ejecución. A los casos mencionados se suman hospitales de referencia y establecimientos estratégicos en distintas regiones que registran elevados montos de inversión y varios años de retraso, pese a haber recibido importantes recursos públicos. La Contraloría advierte que el problema no responde a una única causa: entre las principales razones de paralización figuran el incumplimiento de contratos, la falta de recursos financieros y las deficiencias en los expedientes técnicos, factores que concentran la mayor parte de los casos registrados en el sector Salud.
Para Víctor Zamora, las causas de esta situación no pueden explicarse únicamente por problemas contractuales o retrasos administrativos. A su juicio, detrás de las paralizaciones existe un problema estructural de planificación del Estado. El exministro explica que muchos proyectos fueron aprobados sin estudios suficientemente desarrollados, sin resolver previamente el saneamiento físico-legal de los terrenos o sin garantizar el presupuesto necesario para culminarlos y, posteriormente, operarlos. A ello se suma una débil articulación entre la planificación de inversiones y la ejecución presupuestal. "La paralización es el síntoma, no la enfermedad", resume.
Según precisa, el Perú ha privilegiado durante años el anuncio de nuevas obras antes que la culminación de aquellas ya iniciadas. Esa dinámica, afirma, ha permitido que proyectos ingresen al presupuesto sin una adecuada priorización técnica, mientras otros que ya estaban en ejecución terminan perdiendo financiamiento o quedan relegados durante los cambios de autoridades. Otro factor que agrava el problema es la alta rotación de funcionarios. Cada cambio de gobernador regional, alcalde o equipo directivo suele implicar modificaciones en las prioridades de inversión y pérdida de continuidad técnica, especialmente en proyectos cuya ejecución puede extenderse por varios años.
Durante su discurso, la mandataria anunció que el Gobierno impulsará la ampliación de la infraestructura sanitaria. Para el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), destrabar las obras paralizadas constituye una medida necesaria, aunque todavía insuficiente. Explicó que la mayoría de las obras hospitalarias de gran envergadura paralizadas están bajo responsabilidad de gobiernos regionales que no cuentan con la capacidad técnica suficiente para culminarlas. "Es una buena noticia que se haya planteado una intervención desde el Gobierno central para resolver estos problemas, pero eso no es suficiente", comentó.
El especialista sostuvo que el país enfrenta un problema adicional que suele quedar fuera del debate público: la falta de médicos especialistas para operar los nuevos establecimientos una vez concluidos. "Se necesita mucho más que construir infraestructura. Se requiere una política de recursos humanos para que esos hospitales puedan funcionar a cabalidad", afirmó. Según explicó, durante las últimas dos décadas la creación de plazas para profesionales de la salud ha sido restrictiva, situación que ha empujado a numerosos médicos altamente capacitados a migrar al extranjero ante la ausencia de oportunidades laborales estables.
Las consecuencias son especialmente severas en las regiones donde la infraestructura sanitaria ya era insuficiente. Mientras en Lima una obra paralizada puede traducirse en mayores listas de espera, en provincias alejadas muchas veces significa que simplemente no existe otro hospital cercano al cual acudir.
El especialista considera que la solución no pasa únicamente por modificar la legislación sobre contrataciones públicas, pues el país ya cuenta con un marco normativo para reactivar obras paralizadas. El problema, dice, es que su aplicación sigue siendo limitada. Más bien, plantea reorganizar toda la cartera de inversiones en salud bajo criterios sanitarios y no políticos. Esto implica identificar qué hospitales pueden culminarse rápidamente, cuáles requieren rediseños técnicos y cuáles incluso deberían replantearse porque dejaron de responder a las necesidades actuales de la población.
En ese proceso, propone comenzar por las inversiones que ya registran altos niveles de avance físico. Según precisa, 15 de 77 obras de salud paralizadas (que incluyen otros proyectos como saneamiento y cementerios) presentan un avance igual o superior al 80% y podrían recuperar capacidad asistencial en un plazo relativamente corto si reciben financiamiento oportuno y una adecuada gestión técnica. Sin embargo, advierte que terminar la infraestructura constituye apenas una parte del desafío. Cada hospital necesita además equipamiento médico, medicamentos, conectividad, mantenimiento y, sobre todo, personal suficiente para brindar atención. "Un hospital terminado, pero vacío, también es una obra paralizada; solo que con las paredes pintadas", afirma. Para el exministro, el éxito de la inversión pública no debe medirse por el número de inauguraciones, sino por la cantidad de servicios que efectivamente llegan a la población.
En esos casos, los pacientes deben viajar durante varias horas para recibir atención especializada o asumir gastos de transporte, alojamiento y consultas privadas que muchas familias no pueden afrontar. Para Zamora, esta situación evidencia también las limitaciones de la descentralización en materia de infraestructura sanitaria. "No es que descentralizar haya sido un error. El problema fue transferir responsabilidades sin asegurar capacidades técnicas suficientes para gestionar proyectos hospitalarios de esta complejidad", sostiene.
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