Con la voz entrecortada, el exmandatario se dirigió a la prensa tras abandonar el penal de Barbadillo y denunció una persecución contra su persona, su familia y su partido político. “Hemos sido víctimas de una persecución política y judicial. Fui secuestrado por el Estado y los sicarios del sistema de justicia que estaban en ese momento regularizaron una situación ilegal”, mencionó.
La excarcelación de Humala se produjo en cumplimiento del fallo del Tribunal Constitucional que anuló su condena por lavado de activos, un proceso que el exjefe de Estado calificó como una situación ilegal regularizada por el sistema de justicia de entonces.
“Jamás hemos cometido delito alguno, nunca hemos recibido aportes de campaña ni de Venezuela ni de Brasil (…) Han hecho que tenga que haber asilado a mí esposa y sacar a mis hijos del país”, declaró Humala al llegar a su vivienda, donde lo esperaban su suegra y su hijo menor, y pidió que lo dejen reencontrarse con su esposa Nadine Heredia, quien permanece asilada en Brasil desde abril del año pasado.
El expresidente calificó su encierro como un secuestro por parte del Estado y sostuvo que los procesos en su contra respondieron a su gestión frente al Ejecutivo y a la ideología de su partido. “El 15 de abril del año pasado fui secuestrado por el Estado (…) Necesitaban perseguirnos por nuestra gestión de gobierno, por nuestra ideología política (…) Tiene que haber justicia para esta situación. No nos van a vencer”, recalcó.
Además, se declaró inocente de las acusaciones y aseguró que la decisión del Tribunal Constitucional valida el camino que tomó su familia. “En estos momentos están mi suegra y ha venido mi menor hijo. Déjenme reencontrarme con mi familia pero algo quiero aclarar: la sentencia del Tribunal Constitucional que se nos ha dado nos demuestra que la decisión del asilo político de mi esposa y de mi hijo fue la correcta”, indicó.
Ollanta Humala: “Esta sentencia del TC demuestra que el asilo político de mi esposa y mi hijo fue correcto”
El exmandatario llegó hasta su domicilio tras la resolución del TC y, en ese contexto, se refirió a la situación actual de su familia y a los más de dos años que, según él, estuvo privado de su libertad en el penal de Barbadillo.
El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada a favor de Ollanta Humala y ordenó la nulidad de todo el proceso penal que lo mantenía preso por el delito de lavado de activos agravado. La votación no fue unánime: cinco magistrados (Domínguez Haro, Morales Saravia, Gutiérrez Ticse, Ochoa Cardich y Hernández Chávez) respaldaron el fallo, mientras que Luz Pacheco Zerga y Manuel Monteagudo Valdez votaron en contra. La decisión anula tanto las investigaciones preliminares de 2019 como la sentencia de 15 años que un juzgado le impuso el 29 de abril de 2025, y ordena a la Fiscalía archivar el caso. Tras conocerse el fallo, el exmandatario calificó su encierro de ilegal y pidió al Estado una disculpa: "Me quitaron mi libertad de manera ilegal. El Estado nos debe una disculpa. Espero que la justicia reflexione y permita que mi esposa regrese", señaló. En esa línea, también se refirió al Equipo Especial Lava Jato, al que tildó de “sicarios” y acusó de usurpar funciones durante su proceso judicial. “El Equipo Especial Lava Jato nos persiguieron, usurparon funciones del Poder Judicial y de la ONPE y criminalizaron aportes de campaña (…) Esos sicarios del grupo especial tenían que atraparnos y destruirnos como sea”, afirmó.
Para el Tribunal Constitucional, la condena contra Ollanta Humala no podía sostenerse porque el tipo penal que se le aplicó recién fue incorporado a la ley en noviembre de 2016, mientras que los hechos que se le atribuyen —haber recibido dinero de origen sospechoso para sus campañas de 2006 y 2011— ocurrieron antes. Aplicar esa figura retroactivamente vulnera la Constitución, sostuvo la mayoría del TC, que además señaló que no se demostró con claridad cuál fue el delito original que generó ese dinero ni que Humala supiera en su momento que provenía de una fuente ilegal.
Los votos en contra cuestionaron tanto la forma como el fondo. Monteagudo Valdez consideró que el TC invadió una competencia de la justicia penal ordinaria, pues la apelación contra la condena de 2025 aún estaba en trámite ante otro tribunal cuando el colegiado intervino. Pacheco Zerga, en tanto, argumentó que las resoluciones cuestionadas no afectaban directamente la libertad de Humala y que la Corte Suprema siempre encuadró los hechos en un delito preexistente desde 2002.
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