La referencia a cambios en la contratación y los beneficios para jóvenes trabajadores dentro del pedido de facultades legislativas que el Gobierno de Keiko Fujimori prepara para el Congreso ha despertado preocupación entre especialistas. Para el economista y exviceministro de Trabajo Fernando Cuadros, la redacción del proyecto y su exposición de motivos recuerdan el esquema que buscó instaurar la Ley N.° 30288, conocida como Ley Pulpín, derogada en 2015 tras una ola de protestas.
Este domingo se realizará la segunda sesión del Consejo de Ministros, donde se prevé aprobar el proyecto de ley que el Ejecutivo presentará al Parlamento para solicitar esta autorización, la cual le permitiría emitir decretos legislativos sobre las materias delegadas durante 120 días. Dentro del documento, el Ejecutivo plantea la posibilidad de dictar normas para "atender la problemática del empleo juvenil", incluyendo cambios en los mecanismos de contratación laboral y en el régimen de beneficios aplicable a los jóvenes trabajadores.
La propuesta forma parte de un paquete más amplio que también comprende medidas en seguridad ciudadana, tributación y reforma del Estado. Sin embargo, el capítulo laboral ha concentrado la atención porque el documento no detalla qué beneficios podrían modificarse, lo que ha reavivado el debate sobre una eventual flexibilización del empleo juvenil. Aunque el Ejecutivo ha señalado que no plantea recortar derechos laborales, la falta de precisión sobre el alcance de una eventual reforma mantiene la incertidumbre.
Especialistas advierten que reducir costos de contratación no garantiza una mayor formalidad. Plantean que el debate debe centrarse en productividad, capacitación e incentivos para generar empleo juvenil adecuado, en lugar de enfocarse únicamente en el ahorro para las empresas.
Para el economista, la experiencia peruana ya ha dado señales claras sobre lo que ocurre cuando se flexibilizan las relaciones de trabajo. Los regímenes especiales para micro y pequeñas empresas, que contemplan menores costos laborales, tampoco produjeron una formalización masiva. "Estos esquemas (...) no han implicado, de acuerdo con la experiencia peruana, un incremento masivo de la formalidad", sostuvo. Además, recordó que el mercado laboral ya presenta un alto nivel de flexibilidad: aproximadamente el 72% de los trabajadores formales privados cuentan con contratos temporales, una situación que limita la estabilidad laboral y la capacidad de negociación de los trabajadores.
En esa misma línea, el sociólogo Enrique Fernández-Maldonado, presidente del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Perú EQUIDAD), señaló que las reformas orientadas a flexibilizar el mercado laboral no han demostrado ser una vía efectiva para generar más empleo formal. Los cambios implementados durante la década de 1990 modificaron la estructura del mercado laboral peruano y redujeron la estabilidad de los trabajadores asalariados. "Con la reforma laboral de los años noventa, tres de cada cuatro trabajadores asalariados formales tenían estabilidad laboral. Después de esa reforma, esa proporción se redujo a apenas uno de cada cuatro", afirmó en diálogo con este medio.
"Me parece que están apuntando hacia esa línea, haciendo una revisión sistemática del proyecto de ley y de la exposición de motivos. Lo que se plantea recuerda un régimen laboral especial para jóvenes como el de la Ley Pulpín, que en la práctica recortaba derechos laborales e incluso eliminaba algunos beneficios", señaló a La República el economista consultado, quien advirtió que la iniciativa del Ejecutivo evoca aquella norma.
Desde la perspectiva jurídica, el abogado laboralista Juan Valera, director fundador de Valcaya Legal, consideró que la propuesta busca reducir las barreras que enfrentan las empresas para contratar formalmente. No obstante, advirtió que la falta de precisión sobre los cambios que se aplicarían deja abierta la posibilidad de establecer menores beneficios para los jóvenes. En esa línea, explicó que una reducción de costos asociada exclusivamente a la contratación juvenil podría generar un efecto no deseado: que algunas empresas prioricen trabajadores jóvenes por resultar menos costosos, desplazando a otros grupos con mayores beneficios laborales acumulados.
El sociólogo, por su parte, señaló que el predominio de contratos temporales también tiene efectos sobre la capacidad de organización y negociación de los trabajadores, debido a que la falta de estabilidad puede limitar su participación sindical. Cuestionó, además, que una reducción de derechos laborales sea presentada como una herramienta para promover la formalización, al señalar que la experiencia peruana no muestra resultados positivos en esa dirección. Según detalló, la reducción de la informalidad registrada entre 2004 y 2014 estuvo vinculada principalmente al crecimiento económico y no a los cambios en la legislación laboral.
Para Fernández-Maldonado, una reforma del empleo juvenil debería enfocarse en elevar la productividad y mejorar las condiciones para que las empresas generen puestos formales, antes que en reducir beneficios laborales. Entre las medidas que planteó están la capacitación, el acceso a tecnología, la simplificación de trámites para crear empresas y el impulso de actividades con mayor valor agregado. "No es necesario reducir los derechos laborales, sino implementar otro tipo de medidas que permitan que la fuerza de trabajo sea más competitiva y productiva, manteniendo estándares de trabajo adecuado o trabajo decente", sostuvo.
Cuadros planteó que una política de empleo juvenil debería apuntar a incentivar la contratación formal sin tocar los derechos laborales. Entre las opciones que barajó figura que el Estado subsidie temporalmente una parte de los aportes a EsSalud de las micro y pequeñas empresas que contraten jóvenes con empleos estables. “Se debería pensar en esquemas que fomenten la contratación formal de jóvenes, pero bajo contratos estables y con sus derechos completos”, indicó.
Valera, en tanto, advirtió que una reforma de este tipo no atacaría necesariamente la raíz de la informalidad, que también se explica por la baja productividad, las trabas para formalizar negocios y la mala percepción que muchos trabajadores tienen de los sistemas de salud y pensiones. En esa misma línea, consideró que recortar beneficios laborales no bastaría para empujar la transición a la formalidad, pues el reto está en generar condiciones que hagan más atractivo para empresas y empleados sumarse al sistema formal.
“Si es que me sale más barato contratar jóvenes, ya no contrato personas mayores de 30. Entonces, estoy empleando una cantidad, pero a costo de las personas que ya tienen más de 30”, señaló.
El resultado final de la reforma dependerá de la autorización que el Congreso termine otorgando y de los decretos legislativos que emita el Ejecutivo. Mientras tanto, el debate sigue abierto: si la salida para generar más empleo juvenil pasa por reducir costos laborales o por crear mejores condiciones para que más jóvenes accedan a puestos formales.
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