La fiscal Luz Taquire Reynoso, a cargo de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos – Sétimo Despacho, obtuvo una sentencia condenatoria contra cuatro integrantes de la organización criminal 'Las baronesas de la trata'. Sonia, Yolanda, Liliana y Yanet Ayala Cabello integraban una red criminal que operó entre los años 2009 y 2024 en La Pampa, Madre de Dios, y generó un desbalance patrimonial aproximado de S/4.676.351.
El caso de Lucero ilustra esta realidad. Tenía 15 años cuando fue captada por 'Las Baronesas'. Hoy, a sus 31 años, recuerda que "sólo quería ahorrar unos soles y volver a Huánuco para ayudar a sus padres a abrir una tienda". Vivió dos años y medio de una terrible pesadilla en una cantina de La Pampa, una zona minera en Madre de Dios.
Su historia es una de los cientos de casos reportados de trata de mujeres y explotación sexual que se producen en esa región amazónica, donde miles de personas viven de la minería ilegal e informal. Allí, incluso en la zona de amortiguamiento y la Reserva Nacional Tambopata, el tráfico sexual opera al lado de la minería fuera de la ley. La fiscalía asegura que es una alianza escalofriante.
"Hay un fuerte vínculo entre la minería ilegal y la explotación sexual. Una vez que las víctimas son trasladadas hasta los centros de explotación, sus documentos de identificación son confiscados. Muchas mujeres son obligadas a proporcionar servicios sexuales a "clientes" en restaurantes, bares o campamentos mineros", señala la fiscal Taquire Reynoso, de acuerdo a una prolija investigación de La República.
En el adelanto de fallo, el juzgado impuso a Sonia Ayala Cabello y Yolanda del Pilar Ayala Cabello una pena privativa de libertad de 21 años y 3 meses, mientras que Liliana Yuri Ayala Cabello y Yanet Vilma Ayala Cabello fueron sentenciadas a 18 años y 9 meses de prisión. Las cuatro hermanas, integrantes de la organización criminal, fueron halladas culpables del delito de lavado de activos en organización criminal.
El despacho fiscal acreditó durante el proceso que el patrimonio ilícito de las sentenciadas provenía de la trata de personas y del tráfico de menores. Entre las pruebas clave figuraron las investigaciones y operativos fiscales y policiales en La Pampa, donde funcionaba el establecimiento 'California', un bar al que eran trasladadas las víctimas menores de edad, captadas mediante engaños por el clan familiar para ser explotadas en dicho local nocturno.
El Ministerio Público demostró además que las ganancias de la organización fueron incorporadas al sistema económico mediante actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia de activos ilícitos, lo que generó un desbalance patrimonial de aproximadamente S/4.676.351,60. Para dar apariencia de legalidad a esos recursos, se constituyeron empresas y se adquirieron bienes muebles e inmuebles.
En esa misma región, la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Madre de Dios, junto con la Dirección contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, ejecutó un allanamiento y detención de cinco integrantes de la banda criminal 'Las Mamis de la Alameda', investigados por presunto favorecimiento a la prostitución, proxenetismo y trata de personas.
En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora cada 30 de julio, el Renadespple reveló que entre el 2020 y el I semestre de 2026 se registraron 2.713 personas detenidas por este delito a nivel nacional. Lima Metropolitana lidera la lista con 482 detenidos, seguida de Puno (303), Madre de Dios (282) y Arequipa (186). El 64,7% de los procesados tiene entre 18 y 37 años, mientras que el 84% es de nacionalidad peruana.
La operación que permitió la detención de Merci Katherine Ayra Aguirre, presunta cabecilla de la banda, también capturó a otras cuatro personas que cumplían distintos roles en la organización. En 2019, Ayra Aguirre alquiló un inmueble que funcionaba como prostíbulo clandestino, donde habría menores de edad retenidas.
La prevención y la persecución de este delito, que vulnera gravemente la libertad y los derechos humanos, son tareas permanentes. Si conoces o sospechas de un caso de trata de personas, ¡denuncia!
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