La solicitud del Ejecutivo para que el Congreso le delegue facultades legislativas por 120 días —orientadas a reformar el régimen laboral, el sistema penitenciario y la lucha contra la criminalidad, entre otros temas— ha instalado en el debate público una discusión que va más allá del vínculo entre ambos poderes del Estado. En el centro de la controversia no está solo una herramienta constitucional, sino la capacidad real del Estado para dar respuestas oportunas a problemas que golpean a millones de peruanos desde hace años.

El mecanismo de delegación no implica, de ninguna manera, un cheque en blanco. La Carta Magna contempla esta figura para que, en materias puntuales y por un periodo acotado, el Ejecutivo pueda actuar con mayor rapidez frente a desafíos que exigen soluciones inmediatas. Pero corresponde al Legislativo evaluar con cuidado esa petición: analizar el alcance de las propuestas, fijar límites cuando sea necesario y mantener el control político sobre las normas que se dicten.

Resulta llamativo que algunos sectores de la oposición hayan anticipado su negativa antes de que la solicitud sea formalmente presentada y se conozca su contenido exacto. Por esa razón, el país requiere que esta discusión se lleve a cabo con responsabilidad y altura. Alcanzar consensos entre el Ejecutivo y el Legislativo es indispensable para sacar adelante reformas de fondo; la confrontación permanente podrá generar beneficios políticos inmediatos, pero difícilmente ayudará a resolver los problemas del Perú.

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