La desconfianza se convirtió en política pública en el Perú: se trata a todo director escolar como si fuera sospechoso de incompetencia o abuso, rodeándolo de controles que terminan inmovilizándolo. El resultado es que hoy el director responde por todo, pero decide sobre casi nada.

Mientras el Estado repite desde hace años que el director debe ser el líder pedagógico de su colegio, en los hechos lo convirtió en un funcionario encargado de obedecer, controlar y rendir cuentas. Su tiempo, que debería destinarse a observar clases, acompañar docentes, orientar estudiantes o impulsar innovaciones, queda absorbido por plataformas, protocolos, denuncias, informes, evidencias y formularios burocráticos que parecen no tener fin.

La consecuencia era previsible: cada vez menos buenos maestros quieren asumir la dirección de un colegio, y quienes aceptan suelen terminar agotados, frustrados y alejados de aquello para lo que fueron formados: educar y liderar.

Los países con mejores resultados hicieron lo contrario. Seleccionaron cuidadosamente a sus directores, los prepararon, confiaron en ellos y les otorgaron autonomía para decidir junto con sus equipos, entendiendo que ninguna oficina ministerial puede conocer mejor que cada colegio los desafíos particulares de su comunidad.

Quizá la reforma educativa más urgente no consista en crear otra plataforma, otro protocolo o una nueva supervisión. Bastaría devolverles a los directores el derecho a dirigir. Sin liderazgo profesional no habrá innovación escolar, y sin innovación seguiremos obteniendo exactamente los mismos resultados de siempre.

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