El presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Antonio Amico, advirtió que el Perú está "muy atrasados" en materia de vivienda social si se compara con otros países de la región. Para el 2025, el presupuesto planteado por el Gobierno equivale a unos US$400 millones, una cifra muy por debajo de lo que reciben naciones como Chile, que destina alrededor de US$6 mil millones anuales. Aunque el monto supera los cerca de S/ 1,200 millones asignados en el 2024, Amico considera que el presupuesto real debería ser de S/ 3 mil millones o S/ 4 mil millones.

En diálogo con Gestión, el ejecutivo señaló que la brecha con los vecinos es enorme. "Si comparas, por ejemplo, con Colombia, tienen presupuesto hasta el año 2030; y si quieres mirar a Chile, que tiene US$6 mil millones anuales de presupuesto. Ellos no tienen un Fondo MiVivienda como acá, tienen 15 distintos tipos de subsidios y aquí nosotros con las justas tenemos 3. Hay una gran distancia entre lo que quiere hacer el ministerio y estos dos países vecinos", comentó.

Amico también cuestionó cómo se distribuyen los recursos. Este año, el mayor porcentaje (73%) se destinó a Techo Propio en la modalidad de construcción en sitio propio, lo cual no habría sido lo ideal. En contraste, a la modalidad de adquisición de viviendas nuevas con servicios básicos solo le correspondió un 27% del monto. Incluso si se otorgan mayores subsidios, como ocurrió en el 2024, sostuvo que se debe analizar en qué partidas se asignan los montos.

El dirigente recordó que existe una demanda de 190 mil unidades inmobiliarias al año, pero anualmente no se logra cubrir ni las 40 mil unidades formalmente. Ante ello, hizo un llamado al Ejecutivo: "El Gobierno tiene que tomar este tema con seriedad y declararlo política de Estado y asignarle un presupuesto acorde a la realidad. Hay una demanda que no está atendida muy alta y una oferta potencial que podría ser mucho mayor. Hicimos una propuesta en el 2021 a los candidatos a la presidencia de la República de un Plan Nacional de Vivienda, dando una serie de propuestas para poder hacer 40 mil unidades inmobiliarias al año, que es fácilmente ejecutable y para eso se necesitan herramientas crediticias".

Expectativas para cerrar el año

Amico tiene mayores expectativas para el 2025, año en el que la demanda de viviendas de interés social crecería alrededor del 12%. El mejor resultado proyectado para el próximo año está relacionado a la rebaja de las tasas de interés de los créditos hipotecarios y un mayor efecto de la recuperación económica. “Tenemos todo para mejorar. Falta una mejor conectividad en temas normativos para que el aspecto del crédito pueda llegar a más personas que hoy en día no necesariamente lo están recibiendo, falta mejorar algunos temas con respecto a la normatividad y creo que eso va a ayudar a mejorar las colocaciones en el 2025″, sostuvo.

Para el representante de ADI, este año la demanda de las viviendas de interés social tendría un crecimiento pequeño debido a que el mercado está “medio estancado”. “Creo que este año ya está casi golpeado y es un año transitorio que espera llegar al término a las cifras prepandemia, cosa que todavía no ocurre. Faltan noviembre y diciembre, pero creemos que si hay una mejora va a ser moderada”, indicó.

Barreras para la construcción de VIS

El presidente de ADI recordó que los cambios en las normas de edificaciones que han realizado algunas municipalidades vienen afectando la predictibilidad de las inversiones. Con las restricciones para el desarrollo de estas viviendas, se calcula que se paralizaron aproximadamente 400 proyectos inmobiliarios con una inversión de alrededor de US$1,500 millones. A pesar de la negativa que han mostrado los municipios de Miraflores y San Isidro con los proyectos de VIS, Amico consideró que los créditos de MiVivienda se siguen moviendo en otras zonas de Lima y del país.

El impacto existe, “pero Miraflores y San Isidro no es el Perú. Hay un resto de la ciudad, muchos municipios, donde sí están dispuestos a recibir inversiones, entonces no centremos la discusión solo en estos distritos”, señaló. La negativa de algunos distritos se apoya en un fallo del Tribunal Constitucional (TC), que establece que fijar zonificaciones y alturas de edificaciones es competencia exclusiva de los municipios. Esa misma resolución les permite revertir autorizaciones de construcción otorgadas por revisores urbanos o por gestiones municipales anteriores, lo que ha llevado a varias comunas a acogerse a ella para frenar este tipo de proyectos.

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