El informe n.° 10122-2025-CG/GRLIM-SOP de la Contraloría, publicado el 26 de septiembre y revisado por este Diario, detalla los hallazgos en proyectos de vivienda de interés social (VIS) en Lima Metropolitana. El documento advierte, por ejemplo, que municipalidades como Surquillo, Comas, Los Olivos y Pachacamac emitieron licencias de edificación sin contar con todos los documentos que exige la normativa vigente para este tipo de proyectos.

También se identificó que, en distritos como Comas o El Agustino, se autorizaron licencias a proyectos inmobiliarios que no cumplían con los parámetros edificatorios vigentes. Entre las situaciones listadas por la entidad de control figuran áreas libres inferiores al mínimo normado y frentes de predio menores a lo establecido.

De acuerdo al reporte “Vigilamos contigo las licencias para edificar viviendas y su ejecución constructiva en Lima Metropolitana”, la Contraloría revisó 654 licencias de edificación emitidas durante 2024 y 2025 en distritos de la capital. El resultado fue que el 60% (391 licencias) no fueron objeto de verificación técnica, un paso fundamental para constatar que las obras se ejecuten conforme a los proyectos aprobados y a las normas de construcción vigentes.

Si bien el dominical Cuarto Poder difundió los resultados de un operativo de control a mediados de noviembre, la entidad precisó a Gestión que lo hecho público fue producto de diversos operativos realizados en Lima en los meses anteriores.

Tras un fallo del Tribunal Constitucional (TC) a finales del 2023, los propios gremios reconocen que los “roces” con las comunas se han reducido. Sin embargo, un reciente informe de Contraloría ha vuelto a resaltar las diferencias entre estos actores.

Gestión conversó con la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP) y la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), quienes acusaron que la entidad de control no habría comprendido bien cuáles son las reglas de la VIS, a pesar de denunciar irregularidades en al menos 391 licencias.

En el Informe n.° 10122-2025-CG/GRLIM-SOP de la Contraloría llama la atención la ausencia de San Isidro, pese a que fue uno de los casos puntuales que citó Cuarto Poder. En ese programa, incluso apareció Luis Castillo, gerente de control político e institucional de la Contraloría, comentando el caso de un edificio en construcción alrededor de la Avenida Salaverry.

Para Jose Espantoso, presidente de CODIP, el ente de control ha cometido errores en su delimitación financiera para analizar los proyectos VIS en Lima Metropolitana. “Se hace mención a que el límite para financiar VIS es S/ 160 mil, pero en realidad es S/ 480 mil. Hay que distinguir: la VIS tiene segmentos también”, indicó en referencia a los 5 rangos existentes bajo el esquema del Bono del Buen Pagador (BBP) del Crédito Mi Vivienda, aunque los montos máximos son más altos que los señalados por Espantoso (ver tabla).

El representante de los desarrolladores también lamentó que el informe dé a entender que son los promotores inmobiliarios quienes definen, junto a las municipalidades, los parámetros para que se autoricen las licencias que dan pie a los proyectos VIS. En ese sentido, instó a la Contraloría a centrarse en que las autoridades locales supervisen sus propios procedimientos de aprobación. “La Contraloría está para fiscalizar el trabajo del funcionario público, pero son las municipalidades y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) quienes, tras el fallo del TC, deben hacer un trabajo de fiscalización mayor siguiendo los proyectos que se aprueban”, sostuvo.

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