El Tribunal Constitucional (TC) volvió a confirmar su decisión de anular el mandato de prisión preventiva por 24 meses que pesaba sobre el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en el marco de la investigación preparatoria que enfrenta por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de su partido político entre 2008 y 2021.
El máximo intérprete de la Constitución respondió así al pedido de aclaración que le formuló el juez Leodan Cristóbal Ayala el último 24 de julio, quien sostenía que, a la fecha, “subsisten” o “existen” dos resoluciones judiciales “vigentes” que sustentan la prisión preventiva y las requisitorias policiales giradas contra Cerrón Rojas, “lo que hace evidente que la sentencia del Tribunal Constitucional sea materialmente inejecutable en sus propios términos”.
El magistrado Cristóbal Ayala precisó que se trata de una resolución emitida el 4 de diciembre del 2025, en la que declaró infundada una solicitud de variación del mandato de prisión preventiva impuesta a Cerrón, y de otra resolución de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, del 7 de enero del 2026, que confirma dicha decisión.
No obstante, el Tribunal Constitucional señaló que no comparte lo expresado por el magistrado, ya que en su sentencia se aprecia con toda claridad que estimó la demanda de habeas corpus presentada por Cerrón Rojas y dispuso la nulidad de las resoluciones que desestimaron su solicitud de variación de prisión preventiva por el de comparecencia. Asimismo, declaró la nulidad de la medida de prisión preventiva y su confirmatoria porque no cumplían con la debida motivación y porque la medida en contra del favorecido ya no resultaba objetivamente justificada, puesto que variaron las circunstancias que la motivaron.
Con esta ratificación, el TC reafirma su postura frente a los cuestionamientos del juez Ayala, quien había advertido sobre la existencia de resoluciones vigentes que harían materialmente inejecutable el fallo constitucional en sus propios términos.
El Tribunal Constitucional dispuso integrar la parte resolutiva de su sentencia y declarar la nulidad de las resoluciones judiciales emitidas por el juez Leodan Cristóbal Ayala, así como de todos aquellos actos y resoluciones que resulten contrarios a este fallo constitucional. En esa línea, el organismo precisó que lo alegado por el juzgado emplazado carece de asidero, pues en la parte resolutiva de su sentencia queda claro que, ante nuevos requerimientos, se deberá emitir resolución en concordancia con el respeto irrestricto de los derechos a la debida motivación y la libertad del favorecido, adoptándose las medidas alternativas necesarias para asegurar la presencia del beneficiario en el proceso penal que se le sigue.
Al tratarse de una decisión del Tribunal Constitucional, el organismo añadió que debe ser acatada por todas las autoridades judiciales y, en especial, por el juzgado encargado de su ejecución en sus propios términos, atendiendo a la máxima celeridad que debe caracterizar a los procesos constitucionales como el de autos.
Por otro lado, Vladimir Cerrón permanece en calidad de “no habido” desde el 6 de octubre del 2023, a raíz de la condena de tres años y seis meses de prisión que se dictó en su contra por el caso Aeródromo Wanka. No obstante, ese fallo fue revocado el pasado 26 de marzo por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que lo absolvió en este proceso penal.
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