Circula una versión que busca vincular a las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta con el grupo terrorista Sendero Luminoso, pero esto es completamente falso. Diversos informes y sentencias judiciales han confirmado que los fallecidos en ambos casos eran civiles ajenos a cualquier organización subversiva.
En el caso de Barrios Altos, ocurrido en 1991, las víctimas fueron vecinos del distrito limeño que participaban en una pollada. La masacre de La Cantuta, en 1992, tuvo como blancos a estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Ninguno de ellos tenía vínculos con Sendero Luminoso, como lo han determinado la Comisión de la Verdad y Reconciliación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La desinformación que circula en redes sociales intenta distorsionar los hechos históricos para justificar las violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Es importante recordar que ambos casos fueron calificados como crímenes de lesa humanidad y forman parte del proceso judicial contra el expresidente y otros altos mandos militares.
Es falso que las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta pertenecieran a Sendero Luminoso
Circula una versión que busca vincular a las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta con el grupo terrorista Sendero Luminoso, pero esto es completamente falso. Diversos informes y sentencias judiciales han confirmado que los fallecidos en ambos casos eran civiles ajenos a cualquier organización subversiva.
En el caso de Barrios Altos, ocurrido en 1991, las víctimas fueron vecinos del distrito limeño que participaban en una pollada. La masacre de La Cantuta, en 1992, tuvo como blancos a estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Ninguno de ellos tenía vínculos con Sendero Luminoso, como lo han determinado la Comisión de la Verdad y Reconciliación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La desinformación que circula en redes sociales intenta distorsionar los hechos históricos para justificar las violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Es importante recordar que ambos casos fueron calificados como crímenes de lesa humanidad y forman parte del proceso judicial contra el expresidente y otros altos mandos militares.
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