El Ejecutivo, liderado por la presidenta Keiko Fujimori, prepara un proyecto de ley para solicitar al Congreso facultades legislativas por 120 días, con el objetivo de aprobar medidas en seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad, formalización y empleo, simplificación administrativa, modernización del Estado y cambios tributarios y aduaneros. La iniciativa fue uno de los temas revisados en la primera sesión del Consejo de Ministros encabezado por el premier Luis Galarreta, y será aprobada en la próxima reunión del gabinete antes de ser enviada al Parlamento.
Dentro del pedido, el punto 2.1 establece que el Ejecutivo busca legislar para fortalecer la prevención, investigación, persecución y sanción de la delincuencia común y la criminalidad organizada, mediante cambios en materia de seguridad ciudadana, policial, penal, procesal penal y de ejecución penal. Este es uno de los principales ejes, que también abarca el fortalecimiento del sistema penitenciario y la reinserción social.
La propuesta plantea modificaciones en el marco institucional del Sistema Nacional Especializado de Internamiento y Reinserción Social, con medidas orientadas a mejorar la administración, regulación, seguridad, supervisión y operación de los establecimientos penitenciarios, centros juveniles y otros servicios vinculados al tratamiento y reinserción de internos.
Participación de las Fuerzas Armadas en penales
El pedido de facultades legislativas que prepara el Gobierno de Keiko Fujimori incluye la regulación de la participación temporal y excepcional de las Fuerzas Armadas en la dirección, seguridad, control, supervisión y apoyo operativo de establecimientos y servicios del sistema penitenciario. Esta medida, según el documento, se aplicará dentro del marco constitucional vigente y buscará reforzar las capacidades de gestión y seguridad de los centros de internamiento.
Además, el Ejecutivo propone actualizar el marco normativo para fomentar la participación e inversión privada en infraestructura, administración, gestión y prestación de servicios penitenciarios, mediante mecanismos como las asociaciones público-privadas.
Cambios en reinserción y condiciones penitenciarias
El proyecto también contempla modificaciones en el tratamiento de los internos, abarcando trabajo, capacitación, remuneración, alimentación y procesos de reinserción social y post-egreso. La iniciativa señala que estas medidas deberán garantizar el respeto de los derechos fundamentales y mejorar las condiciones de internamiento, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de resocialización.
De aprobarse la delegación de facultades, el Poder Ejecutivo podrá emitir decretos legislativos durante los 120 días calendario previstos en la ley, dentro de las materias autorizadas por el Congreso. El pedido también incluye otras materias como promoción de las micro y pequeñas empresas, formalización laboral, simplificación administrativa, modernización del Estado y cambios tributarios y aduaneros.
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