Con el inicio de la legislatura del Congreso bicameral, expertos señalan que deben priorizarse leyes y reformas pendientes como la Ley MAPE para la formalización minera y la eliminación de las cuestionadas “leyes procrimen” en seguridad y justicia. Otra iniciativa que no prosperó en el Congreso saliente fue la reelección de alcaldes y gobernadores, que no logró el consenso requerido; sin embargo, la normativa actual permite que el nuevo Legislativo bicameral aborde un proyecto similar.

El retorno a la bicameralidad vuelve más exigente la aprobación de una ley, ya que el texto deberá pasar por dos cámaras: primero en Diputados y luego en el Senado. Esto añade una “segunda capa de debate, corrección y control político”, según Francesco Tucci, docente de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UPC. “El procedimiento puede volver más pausado el trámite, pero también más filtrado y el costo obvio es el tiempo: habrá más etapas, más negociación y mayor probabilidad de que un proyecto se modifique o se frene”, indica a Gestión.

Tucci explica que no todos los proyectos quedan “muertos” de la misma manera. Si una iniciativa no fue aprobada en el Pleno, puede permanecer en comisión, pasar al archivo según el estado del expediente o ser retomada después mediante una nueva priorización política o una nueva legislatura. Las condiciones para que estas iniciativas o reformas se prioricen nuevamente en el Congreso son:

Con la bicameralidad, el Parlamento incorporará dos cámaras con roles distintos en la elaboración de leyes y el control político. Foto: Congreso.
  • Alto impacto económico o institucional.
  • Presión de plazos, como las reformas ligadas a elecciones, presupuestos o compromisos internacionales.
  • Consenso mínimo entre bancadas o de una coalición para votarlas.
  • Viabilidad técnica: Si un proyecto tiene observaciones constitucionales, problemas de redacción o riesgo de judicialización, suele ser corregido antes de volver al Pleno.

Las reformas a tomar con urgencia

Para la politóloga de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), Marisol Vargas, la agenda legislativa no debería limitarse a retomar proyectos, sino a plantear reformas estructurales. Entre ellas menciona el sistema nacional de seguridad ciudadana, la gestión de riesgos y desastres ante amenazas como El Niño o sismos, las leyes procrimen, el sistema de transporte público y “las leyes y normas laxas que no permiten luchar contra la corrupción”. En esa línea, organizaciones como Human Rights Watch han advertido que normas como las leyes 31751 y 31990 —que modifican la definición de crimen organizado y crean obstáculos para los allanamientos— “debilitan los esfuerzos para desmantelar organizaciones criminales y sus vínculos con funcionarios corruptos”. A estas se suma la ley 32108, que pese al rechazo social y de gremios empresariales, no fue dejada sin efecto por el Congreso. Pese a la presión social y rechazo de gremios empresariales, el Congreso no ha dejado sin efecto un puñado de leyes que, a criterio de expertos, debilitarían la lucha contra la corrupción y criminalidad. Entre estas: la ley 32108, que modifica la definición de organización criminal y los allanamientos. Foto: difusión Desde el Legislativo, en cambio, aseguraron que estas normas buscan reforzar la labor policial y judicial frente a la ola de criminalidad.

En el ámbito educativo, el Pleno tiene en agenda decenas de proyectos de ley para crear universidades nacionales en regiones —un tema recurrente—, además de la nueva ley general de educación, que propone la “alfabetización en IA” en escolares.

Vargas y Tucci coinciden en que las reformas deben plantearse bajo criterios reales de urgencia, costos, beneficios y eficacia, para evitar que los procesos de aprobación se entrampen. Sin embargo, el factor de los intereses partidarios —“porque son ellos quienes determinan el contenido de la agenda legislativa”— puede alargar el debate de aquellas reformas que no se alineen con sus intereses colectivos. En ese sentido, Vargas advierte que se correría el riesgo de que la nueva estructura bicameral del Congreso genere un “cuello de botella” no solo por cuestiones de eficacia y eficiencia técnica, sino por desavenencias y conflictos de intereses partidarios.

“Este retorno a la bicameralidad, tan alejado de la voluntad popular por las burocracias poco calificadas, sobrecostos y tiempos extra que puede generar, debería garantizar esa calidad técnica que ya perdimos”, precisa Vargas. Según Tucci, las iniciativas legislativas con mayor probabilidad de reactivarse —a diferencia de las muy polarizantes o con complejo costo político o constitucional— suelen ser las que inciden directamente sobre la economía, inversión o funcionamiento institucional: entre ellas, las reformas de simplificación regulatoria, incentivos a la inversión privada y eliminación de trabas administrativas. “También tienden a priorizarse las que acumularon trabajo previo en comisión y solo necesitan destrabe previo”, concluye Tucci.

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