Keiko Fujimori anuncia meta contra embarazo adolescente sin detallar educación sexual ni prevención de violencia

El embarazo adolescente, que afecta al 8,4% de las mujeres de 15 a 19 años a nivel nacional y supera el 18% en zonas rurales, fue incluido en la agenda del nuevo Gobierno con una promesa concreta: reducir su incidencia. Durante su primer Mensaje a la Nación, la presidenta Keiko Fujimori anunció la creación de un programa multisectorial para el desarrollo integral de adolescentes, pero especialistas advierten que la meta planteada no explica cómo enfrentará factores como violencia sexual, falta de educación sexual integral (ESI) y brechas de acceso a salud.

Aunque Fujimori reconoció que el problema se agrava en zonas rurales, donde la cifra supera ampliamente el promedio nacional, no detalló cómo se intervendrá en los territorios con mayores brechas ni qué papel tendrán sectores clave como Salud, Educación y el Ministerio de la Mujer. En su discurso tampoco hubo referencias a educación sexual integral, prevención de violencia sexual o acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. En zonas como la selva rural, la tasa supera ampliamente el promedio nacional.

El anuncio dejó abiertas varias interrogantes sobre la estrategia que se aplicará para lograrlo, sin enfoque en derechos. Especialistas advierten que la meta planteada por la presidenta no explica cómo enfrentará factores como violencia sexual, falta de ESI y brechas de acceso a salud.

Susana Chávez, directora ejecutiva de Promsex, advierte que el principal desafío es evitar que el embarazo adolescente se aborde solo como un problema de prevención individual. La especialista sostiene que la política debe integrar las condiciones que limitan la capacidad de decisión de muchas jóvenes, sobre todo en contextos de pobreza y desigualdad. “Uno de los aspectos fundamentales es la autonomía reproductiva de las mujeres: poder decidir cuándo tener un embarazo, si quieren tenerlo y acceder a los servicios necesarios para ello”, explicó.

Chávez cuestionó que el mensaje presidencial de Keiko Fujimori no haya incluido la educación sexual integral como parte de la respuesta estatal. Para ella, una intervención efectiva requiere fortalecer el rol del sector Salud, no solo en la atención posterior al embarazo, sino en la prevención mediante acceso a métodos anticonceptivos y servicios diferenciados para adolescentes.

Otro vacío señalado por las expertas es la ausencia de la violencia contra niñas y adolescentes en el anuncio. Diana Miloslavich, exministra de la Mujer, advierte que hablar de embarazo adolescente sin considerar las agresiones sexuales invisibiliza una parte crítica del problema, especialmente en niñas menores de 15 años. “Estos embarazos pueden ser producto de uniones tempranas, pero también de maternidades forzadas o violencia sexual”, señaló.

Para Miloslavich, el desafío no es únicamente diseñar nuevas iniciativas, sino retomar y fortalecer las políticas ya existentes en el Estado. Subrayó que la prevención exige un enfoque de género e interculturalidad para abordar realidades tan distintas como las de una adolescente urbana y otra de comunidades rurales o amazónicas. Las brechas territoriales evidencian esta disparidad: según el plan de Gobierno de Fujimori, la tasa de embarazo adolescente alcanza el 28,6% en la selva rural, frente al 5,1% en la costa urbana. Las expertas señalan que estas cifras reflejan factores sociales más amplios, como la pobreza, el acceso desigual a servicios y las oportunidades educativas. Desde la óptica del desarrollo adolescente, la docente y antropóloga Nani Pease cuestionó que el anuncio presidencial presente el embarazo como el único indicador a reducir, sin detallar cómo se acompañará a los jóvenes en la construcción de sus proyectos de vida. “Cuando se habla únicamente en términos preventivos del embarazo adolescente, parece que fuera una situación que se resuelve solo con información, pero no con una mirada integral del desarrollo adolescente”, sostuvo. La especialista explicó que la educación sexual integral no solo apunta a prevenir embarazos, sino a brindar herramientas para reconocer situaciones de riesgo, comprender los vínculos afectivos y prevenir violencias. En ese sentido, considera que excluir este componente debilita cualquier estrategia de largo plazo.

El plan de Gobierno de Fuerza Popular incluye lineamientos como un programa presupuestal para prevenir embarazo adolescente y VIH, fortalecer habilidades socioemocionales, promover una crianza positiva y crear un sistema especializado para niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Sin embargo, especialistas advierten que estos planteamientos necesitan mayor precisión para convertirse en políticas efectivas. El financiamiento es otro reto: aunque el gasto público dirigido a niñez y adolescencia se duplicó entre 2013 y 2023, la inversión específica para protección frente a la violencia representa solo el 1,4% del presupuesto total destinado a esta población. Para las especialistas, reducir el embarazo adolescente no dependerá únicamente de campañas preventivas, sino de garantizar que niñas y adolescentes puedan estudiar, acceder a servicios de salud, vivir libres de violencia y tomar decisiones informadas sobre su futuro. El Ejecutivo enfrenta el desafío de convertir una meta estadística en una política integral que aborde estas dimensiones.

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