El Poder Ejecutivo alista un proyecto de ley que, de ser aprobado por el Consejo de Ministros, solicitará al Congreso facultades legislativas para actualizar el marco normativo que regula la participación privada en el Sistema Nacional Especializado de Internamiento y Reinserción Social. La iniciativa, aún en evaluación, busca crear un nuevo andamiaje legal que promueva inversiones en infraestructura penitenciaria y en la prestación de servicios vinculados al funcionamiento de los establecimientos de reclusión.
El texto contempla que el Ejecutivo podrá fomentar la participación privada en áreas como la infraestructura, administración, gestión, operación y prestación de servicios del sistema penitenciario. Para ello, se impulsarán asociaciones público-privadas (APP) y otros mecanismos de promoción de la inversión privada, con el objetivo de ejecutar proyectos que mejoren la capacidad y el funcionamiento de los penales. Además, se definirán las competencias para la promoción, contratación, supervisión y ejecución de estos proyectos.
La propuesta forma parte del paquete de medidas orientadas a fortalecer el sistema penitenciario y de reinserción social, en el marco de la reforma penitenciaria que impulsa el Gobierno.
El proyecto, que aún no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y podría ser modificado antes de llegar al Congreso, plantea reorganizar el sistema penitenciario, reforzar su administración, fortalecer la seguridad de los establecimientos y mejorar los programas de tratamiento y reinserción de las personas privadas de libertad. Como parte de estas medidas, se contempla regular la participación temporal y excepcional de las Fuerzas Armadas en funciones de dirección, seguridad, control, supervisión y apoyo operativo dentro de los penales, siempre conforme al marco constitucional vigente. El objetivo es recuperar el control y fortalecer la seguridad en el sistema de internamiento.
Otro eje central del documento busca perfeccionar el régimen de tratamiento de los internos mediante mejoras en los programas de trabajo, capacitación, alimentación, remuneración y reinserción social. El texto subraya que estas reformas deberán respetar los derechos fundamentales de los reclusos y garantizar condiciones adecuadas de internamiento. La iniciativa también promueve la inversión privada en infraestructura y gestión penitenciaria como parte de una reorganización integral del sistema.
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