El Poder Ejecutivo, liderado por la presidenta Keiko Fujimori, ha preparado un proyecto de ley para solicitar al Congreso la delegación de facultades legislativas por un plazo de 120 días calendario. La iniciativa busca emitir normativas en cinco ejes prioritarios: seguridad ciudadana, flexibilización laboral, desarrollo productivo, simplificación administrativa y modernización del Estado. Entre los cambios sustanciales que propone se encuentran la reorganización de entidades estatales, la derogación de topes a las tasas de interés y una reforma profunda del sistema penitenciario. En el ámbito de la lucha contra la criminalidad, el documento plantea una reestructuración integral del sistema penitenciario y de reinserción social. Para enfrentar la crisis carcelaria, se prevé regular la participación temporal y excepcional de las Fuerzas Armadas en la dirección, seguridad, control, supervisión y apoyo operativo de los establecimientos y servicios penitenciarios. A esta medida se suma el interés del Ejecutivo por actualizar el marco normativo para permitir la participación e inversión privada en la infraestructura, administración, gestión, operación y prestación de servicios vinculados a las cárceles del país, lo que incluiría mecanismos como las asociaciones público-privadas. La propuesta hace especial énfasis en estos cambios al sistema penitenciario como parte de una estrategia más amplia de seguridad ciudadana.

Derogación de topes a tasas de interés

En materia de desarrollo productivo y acceso a financiamiento, el Gobierno busca revertir normativas del sistema financiero formal. El proyecto solicita facultades para derogar la Ley 31143, la cual estableció topes a las tasas de interés para otorgar los créditos. Esta norma, aprobada por el Congreso anterior, ha sido fuertemente cuestionada por diversos representantes financieros bajo el argumento de que restringe el crédito formal e incrementa los préstamos extorsivos informales, conocidos popularmente como "gota a gota". En su reemplazo, la gestión gubernamental busca establecer un nuevo marco normativo que perfeccione el acceso a la información financiera y la transparencia en la contratación de productos.

Una de las propuestas es la participación temporal y excepcional de las Fuerzas Armadas en la dirección de los establecimientos penitenciarios

Flexibilización y régimen laboral

Otro de los puntos centrales del pedido de facultades se enfoca en modificar aspectos normativos vinculados a los trabajadores y sus empleadores. El Ejecutivo solicitará legislar sobre el régimen legal de los beneficios laborales, buscando perfeccionar conceptos como las vacaciones, las horas extras, la participación en las utilidades, las gratificaciones y la compensación por tiempo de servicios. De acuerdo con el documento, el objetivo de esta medida es dar a estos beneficios una "mayor flexibilidad", permitiendo así acuerdos directos entre los trabajadores y los empleadores, los cuales podrían darse tanto a nivel individual como a través de la negociación colectiva.

Reorganización estructural del Estado

El Ejecutivo también solicita facultades para modernizar la estructura institucional del Poder Ejecutivo, lo que incluye emitir normas sobre creación, reestructuración, reorganización, fusión, división y disolución de organismos públicos y otras entidades del gobierno. A la par, busca quedar facultado para transferir, integrar o reasignar competencias, funciones, personal, recursos, bienes, activos, pasivos, programas y obligaciones entre las distintas dependencias del Estado peruano. Estas modificaciones permitirían dictar las medidas necesarias para una reorganización estructural del Estado.

Ejecutivo revisó decreto supremo para pedir facultades legislativas en la primera sesión del Consejo de Ministros

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