El uso de términos como lavado de activos se ha extendido en los últimos años, en paralelo a la arremetida delictiva y la degradación de la política, así como a una mayor conciencia sobre el daño que este flagelo inflige en la sociedad. “Hace años era complicado visualizar el lavado de activo y su impacto en la vida de las personas, pero lamentablemente hoy vemos en carne propia como las organizaciones criminales florecen pues son empresas que existen para ganar dinero. Buena parte del foco de Estado debe ir a reprimir, pero también a combatir la base del delito, que no sea rentable”, manifestó el superintendente de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Inherente al lavado está el delito precedente que lo origina. Antes vinculado principalmente al narcotráfico, luego a la minería ilegal y la corrupción, “pero en los últimos años ha cobrado importancia el sicariato, la extorsión que cobra vidas”, expresó Sergio Espinosa. De hecho, según las estadísticas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), hasta el 2016 el tráfico ilícito de drogas era el delito predominante detrás del lavado, siendo desplazado en el 2021 por la minería ilegal. No obstante, en las próximas mediciones la extorsión y el sicariato subirán de riesgo, sostuvo Fernanda García Yrigoyen, superintendente adjunta de la UIF.
Frente al avance del dinero mal habido, la UIF despliega un análisis estratégico de la copiosa información que recibe para seguir la ruta del dinero, identificar el delito precedente y detectar nuevos patrones y tipologías del lavado de activos, aseveró García Yrigoyen. Algo esencial para esta labor es que la UIF tiene acceso a información confidencial, datos personales, secreto bancario, reserva tributaria y conocimiento de beneficiarios finales, lo que se potencia con las investigaciones conjuntas que efectúa con la Contraloría, Ministerio Público, Sunat, Policía, entre otros, resaltó.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puede congelar activos vinculados a extorsiones, sicariato y secuestros desde 2024, a solicitud de unidades especializadas de la Policía Nacional, explicó la superintendente adjunta. Esta facultad es la primera clave en el combate al lavado de dinero originado en esos delitos.
Como segunda clave, ante el acecho incesante de las extorsiones, se ha desarrollado “una gran investigación conjunta con la Policía Nacional y Ministerio del Interior” para enfrentar ese delito a través de una plataforma encriptada, netamente en línea, reveló la funcionaria. De estas pesquisas, detalló que hasta el momento se tienen 71 casos trabajados relacionados con extorsión y sicariato, con 1,090 involucrados —1,049 personas y 41 empresas—, que han dado lugar al congelamiento de bienes de 108 personas y 15 empresas. En estos procesos se han intervenido 453 cuentas en el sistema financiero y hasta billeteras de criptoactivos, indicó.
La tercera clave es la mayor velocidad a la que ahora se procesan los casos sospechosos de lavado. “Ya tenemos varios congelamientos de la mano de la Policía Nacional y ha resultado en una arma muy poderosa. (…) Todos los días están llegando más casos”, dijo la superintendente adjunta. Saturnino Felipe Monroy, coronel PNP, describió que las investigaciones se inician con la información que detecta la UIF, pero también con los hechos que luego trascienden al público a través de las noticias.
La lucha contra el lavado de activos está directamente vinculada a la inseguridad ciudadana, ya que detrás de ataques como el sufrido por la orquesta Agua Marina operan organizaciones criminales que necesitan blanquear dinero, según Bárbara Castro, gerente de asuntos regulatorios de la Asociación de Bancos (Asbanc). Para frenar este flujo, el Poder Judicial plantea cortar la premura de los delincuentes por lavar dinero sucio en el sistema financiero o en transacciones económicas, enfatizó Castro. “Si las instituciones públicas no trabajamos en conjunto, no es el camino. Debemos unirnos todos los actores (ante el incremento del lavado de activos)”, subrayó Jhonny Contreras, presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. “Debemos ser muy rápidos porque las organizaciones criminales se mueven al 100%”, añadió. El poder judicial participa activamente en cursos de especialización, donde la información de la UIF es insumo fundamental para abrir procesos penales y el juzgamiento previo a las condenas, detalló Contreras.
Comentarios 0
Súmate a la conversación
Tu comentario es anónimo, pero para evitar bots necesitamos que te registres. Es gratis y toma 30 segundos.
Crear cuenta para comentar Ya tengo cuenta