El economista Carlos Adrianzén, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), advierte que el inicio del Gobierno de Keiko Fujimori estará condicionado por una herencia fiscal e institucional compleja del gobierno de José María Balcázar. En declaraciones para La República, sostiene que la nueva administración recibe un Estado con un deterioro que no podrá revertirse en el corto plazo. "La presidenta recibe una situación que ella llamó catastrófica y yo llamo terrible, sobre todo una situación fiscal e institucional que no se corrige ni en cien días ni en tres años", afirmó.
Según Adrianzén, el principal reto no será impulsar nuevos programas de gasto, sino estabilizar la economía desde sus bases. Para ello, identifica cinco desafíos prioritarios que marcarán el margen de acción del Ejecutivo: recuperar el equilibrio fiscal, reorganizar el aparato estatal para hacerlo más eficiente, combatir la corrupción, fortalecer la capacidad de respuesta frente al fenómeno de El Niño y recuperar el crecimiento económico. El ordenamiento de las cuentas públicas, la lucha contra la corrupción, la recuperación de la eficiencia estatal y la preparación climática serán determinantes para la estabilidad económica del país.
El economista subraya que la capacidad del Ejecutivo para implementar nuevas políticas dependerá de que primero se ordenen las finanzas públicas y se mejore el funcionamiento del Estado. En ese escenario, advierte que el fenómeno de El Niño representa una amenaza adicional que requiere preparación inmediata, pues podría provocar un fuerte impacto económico si el Perú no está listo. La nueva administración, concluye, deberá tomar decisiones inmediatas y de largo alcance para enfrentar estos retos que limitarán su margen de acción durante los primeros años de gestión.
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Para el economista, la prioridad inmediata del Ejecutivo debe ser la disciplina fiscal. “Lo más importante y lo primero debería ser parar la hemorragia, es decir, que se gaste solo lo que ingrese por impuestos importantes”, sostuvo, al advertir que el margen para ampliar el gasto será reducido mientras no se equilibren los ingresos con los compromisos estatales.
Además del aspecto presupuestal, Adrianzén señaló que el deterioro institucional limita la mejora de los servicios públicos. “La capacidad que tiene la burocracia peruana hoy de hacer la mitad de lo que se está ofreciendo o siquiera dar los servicios que actualmente se están ofreciendo es virtualmente nula”, indicó, al explicar que la capacidad operativa del Estado se ha reducido significativamente, dificultando que los recursos se traduzcan en mejores resultados para la ciudadanía.
Cerrar la brecha fiscal y ordenar el Estado, entre las prioridades económicas
Frente a este panorama, propuso impulsar una reorganización del aparato público para mejorar la eficiencia administrativa sin afectar el empleo estatal. “Hay que tratar de fusionar ministerios sin despedir a un solo trabajador, simplemente evitando duplicidad en áreas como recursos humanos u oficinas de administración, y con ello usted podría dar mucho más servicios”, afirmó. En esa línea, sugirió evaluar la integración de entidades con funciones similares para eliminar duplicidades administrativas.
El economista también rechazó la idea de que un mayor gasto público, por sí solo, pueda dinamizar la economía. Sostuvo que un incremento del déficit fiscal termina perjudicando las condiciones de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, lo que reduce el potencial de crecimiento. “Cada vez que hay un déficit mayor, se le resta aire a la pequeña, micro y mediana empresa y la economía crece mucho menos”, manifestó. Otro de los retos urgentes que identificó Adrianzén es el fortalecimiento de la institucionalidad a través de una política frontal contra la corrupción. En su análisis, el funcionamiento del Estado depende de recuperar la confianza en la administración pública y garantizar el cumplimiento de la ley. “Requiere desesperadamente poner orden tanto en las cuentas como en las personas, porque hay una corrupción generalizada”, afirmó. En ese marco, señaló que combatir la corrupción permitirá que las políticas públicas destinadas a enfrentar emergencias sean más efectivas. Un aparato estatal más eficiente, indicó, será indispensable para responder a los efectos del fenómeno de El Niño y asegurar la continuidad de los servicios públicos. Adrianzén consideró que la preparación frente a ese evento climático debe ser una de las prioridades del Gobierno, principalmente mediante inversiones en infraestructura y medidas preventivas que reduzcan el impacto sobre la población y las actividades económicas. Asimismo, planteó fortalecer las campañas de prevención para que las familias y el sector privado puedan adoptar medidas de protección oportunamente. El economista vinculó la recuperación económica con la necesidad de restablecer el crecimiento sostenido, y señaló que solo una expansión de la actividad productiva permitirá incrementar los ingresos fiscales sin elevar la presión tributaria. “La única forma de que haya más recursos es recuperando el crecimiento en dos o tres años”, indicó, tras señalar que el actual nivel de informalidad y pobreza limita la posibilidad de aumentar la recaudación mediante nuevos impuestos. Hacia el cierre de la entrevista, Adrianzén sintetizó que los desafíos centrales del Gobierno no pasan únicamente por atender las emergencias coyunturales, sino por corregir problemas estructurales del Estado. “Los retos son cerrar la brecha fiscal y ordenar el sector público para que pueda atender mejor al pueblo”, afirmó. A ello sumó la necesidad de reforzar la seguridad ciudadana y mejorar la capacidad institucional para responder a las demandas de la población, aspectos que, según su análisis, serán determinantes para el desempeño económico del nuevo Gobierno.
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