El economista e investigador Armando Mendoza advirtió que las promesas sociales anunciadas por Keiko Fujimori en su mensaje presidencial, como duplicar Pensión 65 a 700 soles bimestrales, subir la Remuneración Mínima Vital, entregar bonos a las MYPES y aumentar la inversión pública, carecen de un sustento financiero sólido. En diálogo con La República, señaló que existe “un desfase entre las propuestas que se plantean y los medios de financiamiento”.

Mendoza explicó que el gobierno arranca sin fijar una meta de incremento en la recaudación tributaria, la cual se mantiene estancada entre el 14% y 15% del PBI en el Perú. Si bien reconoció que se pueden lograr avances optimizando los recursos actuales, advirtió que es imposible costear el conjunto total de promesas debido a ese nivel “tan exiguo” de recaudación. “El problema surge cuando uno observa el conjunto total de propuestas y objetivos trazados. Aparece la pregunta: ¿de dónde saldrá el dinero? ¿Cómo financiarán eso? [...] No existe manera de costearlo con el nivel de recaudación tan exiguo que padecemos”, sostuvo.

Especialistas señalan que duplicar programas sociales sin ingresos fijos pondría en riesgo las cuentas del Estado. Además, en el ámbito digital, se cuestiona que las propuestas generen más burocracia en lugar de integrar los servicios en beneficio de la ciudadanía. Para Mendoza, las iniciativas de protección social y mejora educativa son necesarias y positivas en teoría, pero advirtió una desconexión entre las metas y los ingresos reales del Estado.

Keiko Fujimori: expertos advierten falta de sustento financiero en promesas sociales.

Gastos permanentes deben financiarse con ingresos permanentes

El Mag. Mario Vergara Silva, especialista económico y financiero y docente de posgrado ESAN, señaló que un principio fundamental de las finanzas públicas establece que los gastos permanentes deben financiarse con ingresos permanentes. En ese sentido, advirtió que la duplicación de Pensión 65 constituye un gasto de ese tipo que incrementa el presupuesto público en un momento en que el país tiene poco margen financiero. No obstante, recordó que se trató de un mensaje inaugural y que la presidenta tiene hasta fines de agosto para presentar el Presupuesto del Sector Público. “El próximo 30 de agosto es la fecha límite para presentar el Presupuesto del Sector Público del año 2027, y será la oportunidad para explicar la fuente de los recursos que serán utilizados para financiar las medidas propuestas”, indicó Vergara.

El especialista detalló que, para que un paquete de esta magnitud sea viable sin elevar drásticamente el déficit fiscal ni poner en riesgo la calificación crediticia, los recursos tendrían que provenir de fuentes específicas. Entre ellas mencionó el aumento de la recaudación y reducción de la evasión, la lucha contra la informalidad, la ampliación de la base tributaria, el aprovechamiento de los altos precios de los metales, el canon y regalías de proyectos mineros que deben operar a la brevedad, así como la organización y eficiencia del gasto.

Los riesgos colaterales: sueldo mínimo, informalidad y omisión de reformas

Vergara también advirtió que subir el sueldo mínimo en un mercado laboral con más del 70% de informalidad dificulta la formalización y obliga a las MYPES a recortar personal formal o trasladarse a la informalidad.

El bono compensatorio para las MYPES, al ser un subsidio extraordinario, no representa un gasto permanente para el Estado, lo que facilita su sostenibilidad a corto plazo, según señaló el experto. No obstante, la ausencia de una reforma tributaria o de metas de recaudación en el discurso de Keiko Fujimori replica una práctica histórica frecuente en los últimos cincuenta años en el Perú, donde ningún presidente ha detallado el financiamiento al inicio de su gestión, explicó Vergara. Esta omisión de las fuentes de financiamiento, advirtió, incrementa el riesgo de déficit fiscal y deuda pública, amenaza las calificaciones crediticias y aumenta la vulnerabilidad del Estado ante futuros shocks macroeconómicos.

En el ámbito de la modernización del Estado, la propuesta de crear una Autoridad Nacional Digital es cuestionada por Jair Manrique, diputado electo y consultor en Inteligencia Artificial y Blockchain. En entrevista con La República, Manrique señaló que la medida crearía más burocracia en vez de reducirla. Argumentó que ya existe la Secretaría General de Transformación Digital que debería encargarse de esa función, y que “crear organismos nuevos es como hacer más universidades sin presupuesto para mantenerlas”. En lugar de eso, el parlamentario indicó que se deben fortalecer las instituciones ya creadas y unificar las entidades encargadas de digitalizar el país, como la Autoridad Nacional de Datos, el Concytec y el INEI. Para el especialista, el Estado no necesita más oficinas ni aplicaciones aisladas, sino rediseñar los servicios para que verdaderamente converjan.

“La creación de una autoridad nacional digital me parece tratar de reducir la burocracia creando más burocracia. [...] El Estado no necesita más aplicaciones. La verdadera forma de digitalizar el Estado no es creando más aplicaciones, sino eliminando procesos”, señaló Manrique a La República. El ingeniero advirtió que la propuesta de Keiko Fujimori comete el error de “digitalizar la burocracia”, transformando un trámite de 20 pasos en 20 clics, cuando lo correcto sería eliminar procesos para reducir los trámites de fondo. Si bien otorgar una identidad digital a cada ciudadano es positivo, esto por sí solo no cambia nada. “El ciudadano, por más que tenga identidad digital, va a seguir haciendo cola en el Reniec si no lo conversa con la Sunat. O va a seguir haciendo cola en la Sunat si no conversa con los municipios. O en el Poder Judicial si no conversa con la policía”, explicó. Por ello, precisó que “la identidad digital es apenas la llave”. Manrique concluyó que se debe fortalecer la estructura del Estado para que todos sus servicios se comuniquen e interactúen entre sí, eliminando procesos en lugar de sumar aplicaciones.

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