La administración de Keiko Fujimori planea incluir la reducción de feriados en el pedido de facultades legislativas que enviará al Congreso. La propuesta, que aún no detalla qué fechas se modificarían ni el mecanismo a aplicar, forma parte de un paquete más amplio de reformas económicas y administrativas que el Ejecutivo busca impulsar.

Actualmente, los feriados nacionales en Perú están fijados por leyes del Congreso y constituyen días de descanso obligatorio remunerado para los trabajadores. En caso de laborar durante esas jornadas, existen reglas específicas sobre la compensación correspondiente. El calendario vigente incluye fechas como Año Nuevo, Semana Santa, Fiestas Patrias, el Día del Trabajo, la Batalla de Ayacucho y Navidad, entre otras celebraciones nacionales, religiosas y conmemoraciones históricas.

La iniciativa abre un debate sobre sus efectos en trabajadores, empresas y la actividad económica. El Gobierno deberá presentar la solicitud ante el Congreso, que evaluará si autoriza al Ejecutivo a emitir normas sobre las materias incluidas. La discusión ocurre mientras el Ejecutivo avanza con su agenda de cambios, aunque hasta el momento no se ha informado qué feriados serían modificados ni cómo se aplicaría la medida.

En el calendario laboral peruano coexisten dos figuras distintas: los feriados nacionales y los días no laborables. Mientras los primeros son descanso obligatorio reconocido por norma legal, los segundos son establecidos por disposiciones específicas del Ejecutivo, principalmente para el sector público, y pueden estar sujetos a reglas de recuperación de horas. Esta diferencia es clave porque modificar el calendario oficial de feriados requeriría cambiar las normas que los reconocen como tales, mientras que los días no laborables dependen de decisiones administrativas del Gobierno.

Una eventual reducción de feriados, como la que plantea Keiko Fujimori, implicaría cambios en la cantidad de días de descanso que los trabajadores tienen reconocidos durante el año. No obstante, el impacto concreto dependerá de la propuesta final que presente el Ejecutivo y de las normas que se aprueben posteriormente. Los feriados son parte de la organización laboral porque determinan jornadas de descanso y fijan condiciones para quienes deben laborar en esas fechas, por lo que cualquier modificación debería precisar qué días mantendrían esa condición y cuáles saldrían del calendario oficial.

En el sector privado, las empresas programan sus actividades considerando los feriados establecidos. Alterar esas fechas podría afectar la distribución de turnos, la asignación de personal y la planificación de operaciones en rubros que requieren continuidad.

El impacto económico de una eventual reducción de feriados no podrá medirse con precisión hasta que exista una norma aprobada, pues dependerá del contenido y la aplicación de la reforma. Sectores como manufactura, comercio, transporte, servicios y turismo ya consideran el calendario de feriados para organizar sus actividades. Las empresas con procesos continuos pueden ajustar sus cronogramas ante cambios en los días disponibles de operación, mientras que otros negocios adaptan su atención según los periodos de mayor movimiento. La medida podría modificar la distribución de jornadas laborales durante el año, pero sus efectos concretos solo se conocerán cuando la norma esté vigente.

Los feriados también guardan relación con actividades económicas vinculadas al consumo y al desplazamiento de personas. Durante algunos periodos festivos aumenta la demanda de determinados servicios, mientras que otras actividades deben reorganizar sus operaciones por la reducción temporal de jornadas laborales. Por ello, el alcance económico de la propuesta dependerá de qué cambios se planteen finalmente: la reducción del número de feriados, la modificación de fechas específicas o cualquier otro ajuste tendría efectos distintos según el sector y las características de cada actividad.

¿Qué falta para que se reduzcan los feriados?

El primer paso será la presentación del pedido de facultades legislativas ante el Congreso. En ese documento, el Ejecutivo deberá detallar las materias sobre las que solicita autorización para legislar y el periodo durante el cual podría emitir decretos legislativos.

La eventual reducción de feriados se perfila como una medida con profundas implicancias laborales y económicas, pues altera un calendario que incide en la organización de los trabajadores y en la planificación de las empresas. Sin embargo, hasta el momento no existe una lista oficial de los feriados que serían eliminados o modificados. La propuesta se encuentra en una etapa inicial y su concreción depende del proyecto que presente el Ejecutivo y del resultado del debate en el Congreso.

Recién tras la publicación de las normas que el Gobierno desarrolle, dentro de los límites de la ley de delegación, se conocerá si habrá cambios en el calendario, cuáles serían las fechas involucradas y desde cuándo entrarían en vigencia. Antes, el Parlamento deberá debatir la solicitud y definir si concede las facultades planteadas. De aprobarse, el Ejecutivo podrá elaborar las disposiciones correspondientes.

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