La detención de Américo Oswaldo Bautista Yama, fiscal provincial y coordinador de la Fiscalía Ambiental de Madre de Dios, en Puerto Maldonado, y la expulsión de 103 malos policías no son hechos aislados ni errores administrativos. Según fuentes oficiales, se trata de un síntoma de la creciente infiltración del crimen organizado en las instituciones del Estado peruano, un fenómeno que debilita la soberanía nacional y es facilitado por la corrupción policial y judicial.
La semana pasada, el país ya se estremeció al conocer que redes de minería ilegal operaban desde el interior de la PNP y del Ministerio Público, con funcionarios en servicio activo protegiendo a mafias en rutas y territorios. En el caso del fiscal Bautista, la investigación comprende los presuntos delitos de banda criminal, encubrimiento real y tráfico ilícito de insumos químicos y maquinaria destinados a la minería ilegal.
Según fuentes policiales, esta intervención estaría relacionada con dos pesquisas que Bautista habría intentado obstaculizar. Una involucra a Edison Fernández Pérez, alias 'Chili', y la otra a Eneyser Fernández Pérez, alias 'Brayan'. En el teléfono incautado a este último se encontraron conversaciones que evidenciarían el presunto apoyo del fiscal a estas actividades ilícitas.
La fragilidad del sistema policial y judicial ha quedado expuesta mientras redes mafiosas continúan expandiendo economías ilegales, con la complicidad de funcionarios y fuerzas de seguridad que otorgan protección. La detención de dos fiscales especializados en material ambiental y la baja de más de un centenar de policías corruptos reflejan un problema estructural que va más allá de un simple hackeo a los sistemas o un error administrativo: es la infiltración del crimen organizado en el corazón del Estado peruano.
La disputa por el control de La Pampa, la seguridad de la minería ilegal y el cobro de cupos —intensificada tras la muerte de Yvan Fernández, alias 'Tony', el 28 de marzo de 2024— quedó en evidencia el 7 de julio de 2026, cuando la Policía detuvo a 20 presuntos miembros de Los Guardianes de La Pampa y decomisó 18 fusiles AR-15, 15 pistolas y más de 30.000 municiones.
Las pesquisas también alcanzan a la comunidad de Lago Inambarillo. Un video grabado en noviembre de 2025 muestra a un fiscal durante un operativo en el que aparece Antonio Cose Apaza, alias 'Antonio Quino', señalado como líder de la seguridad ilegal de la zona. Personas vinculadas con ese grupo son investigadas por el asesinato del comerciante Yvid Wilder Carbajal, a quien habrían exigido S/ 20.000 mensuales antes de matarlo en mayo de 2026.
En la última semana de julio, fue detenido en Pucallpa (Ucayali) Carlos Alberto Chirre Ramírez, alias Doc, fiscal especializado en materia ambiental de Madre de Dios (Fema), junto con tres malos policías. Todos son presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito y comercialización clandestina de combustible para abastecer la minería ilegal en la región amazónica. Chirre había sido separado del Ministerio Público dos meses atrás, pero sus delitos los habría cometido en funciones.
Según la hipótesis fiscal, la red —denominada Los Lecheros del Puerto— habría implementado una estructura criminal integrada por 27 investigados (12 ya detenidos), entre proveedores, acopiadores, distribuidores y transportistas terrestres y fluviales. Presuntamente utilizaban almacenes clandestinos, cisternas, vehículos, bidones y embarcaciones para desviar y distribuir combustible hacia zonas de explotación minera ilegal. Durante el operativo contra esta red se incautó más de S/ 1.8 millones en efectivo, vehículos, equipos y combustible presuntamente destinado a la extracción ilegal de oro.
La indignación crece, pero lo que podría ser un momento para impulsar reformas estructurales se está convirtiendo en un escenario de política efectista. Expertos como el exministro de Economía Luis Miguel Castilla y el gerente de políticas públicas del IPE, Víctor Fuentes, coinciden en que una de las principales omisiones del mensaje presidencial de la electa Keiko Fujimori fue no anunciar medidas para erradicar la minería ilegal ni impulsar la minería formal. Aunque la mandataria abordó diversos temas para mejorar la calidad de vida, no se refirió al sector minero.
La ausencia es crucial. Según el IPE, en 2024 actividades ilegales como la minería, el narcotráfico, el contrabando y la tala ilegal habrían generado más de US$10 mil millones en ventas; casi tres cuartas partes correspondieron a la minería ilegal. Para 2025, solo las exportaciones de oro ilegal habrían superado los US$11.500 millones, un 55% más que el año previo, igualando en toneladas al oro legal exportado.
En la superficie, la propuesta de que las fuerzas militares asuman el control interno en zonas en emergencia suena contundente, pero en la práctica es “puro humo”, según el exviceministro del Interior Ricardo Valdéz. Lo verdaderamente grave no es solo la captura de fiscales ni la de malos policías, sino la evidencia de que las instituciones peruanas —la Policía Nacional y el Poder Judicial— están siendo permeadas por redes del crimen organizado que operan con un nivel de sofisticación inquietante. La captura de dos magistrados de materia ambiental muestra un Estado con grietas que ya no son menores.
El inspector general de la PNP, general Gustavo Ríos Tiravanti, informó que en lo que va del año han sido pasados al retiro 103 policías —entre oficiales y subalternos— que, infiltrados en la institución, cruzaron la línea de la ley. Además, detalló que se investigan casi 30.000 casos de policías por infracciones leves, graves y muy graves a nivel nacional. “De 806 casos administrativos disciplinarios, han sido resueltos 100”, indicó. Sin embargo, responder a la corrupción con medidas teatrales como la acción de las fuerzas militares solo alimenta un clima de pánico y confusión. Y no existe ninguna capacidad ejecutiva real para fortalecer el control interno policial, blindar los sistemas judiciales o reforzar la inteligencia estatal. Para el exdirector de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, lo que se requieren son reformas profundas y sostenidas: modernizar los sistemas de verificación policial, profesionalizar y blindar a la Policía frente a la corrupción, invertir en contrainteligencia y reestructurar la estrategia de control fronterizo que ha expuesto a policías y militares a redes criminales. El Perú necesita un Estado que se fortalezca desde adentro, con políticas de largo plazo capaces de cerrar las puertas al crimen organizado y a la corrupción. “Eso requiere voluntad política real y no el uso oportunista que, como todos sabemos, solo sirve para las fotos”, subraya finalmente el oficial en retiro.
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