La empresa estatal Petroperú rechazó las versiones que la acusan de haber retrasado u obstaculizado el proceso de reorganización patrimonial ordenado por el Estado. Mediante un comunicado, la compañía aseguró que desde que dicho proceso inició en enero de este año ha actuado con diligencia y en coordinación con las entidades involucradas.

Según explicó la petrolera, la adopción de los acuerdos societarios necesarios para implementar la reorganización requería contar previamente con información técnica, financiera, legal, contractual y operativa completa. Precisó que parte de esa información debía ser proporcionada por ProInversión en el marco de sus competencias. En ese sentido, sostuvo que las solicitudes de información complementaria que formuló tuvieron como único objetivo asegurar que las decisiones del Directorio se adopten con el debido sustento y conforme a los principios de diligencia, transparencia y buena administración. Por esto, afirmó que dichos requerimientos “no deben interpretarse como una negativa, una dilación o una falta de colaboración”.

Sin embargo, Gestión pudo saber que ProInversión está a la espera de que el directorio de Petroperú adopte determinados acuerdos para la apertura de la línea de crédito de hasta US$ 2,000 millones que el Gobierno les facilitó vía Decreto de Urgencia (DU). Tal como explicó a Gestión Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de la agencia, hace unas semanas, el directorio de la petrolera debe oficializar un acuerdo para constituir la Sociedad de Propósito Especial (SPV, siglas en inglés). Sin la SPV, precisó Del Carpio, no se pueden autorizar los desembolsos de los recursos.

ProInversión espera que Edmundo Lizarzaburu, presidente del directorio de Petroperú, confirme una reunión para el miércoles 22 de julio a las 5 de la tarde para tratar la formalización de la Sociedad de Propósito Especial (SPV). Según un oficio al que accedió este Diario, Lizarzaburu habría asegurado que el directorio concretaría este paso el pasado 14 de julio, pero hasta ahora no lo ha hecho.

El documento advierte sobre las consecuencias de esta demora: “La falta de formalización de estos actos societarios imposibilita la definición de un cronograma certero, lo cual afecta directamente la estructuración e implementación de los instrumentos requeridos para la canalización de recursos. En consecuencia, esta indefinición pone en inminente riesgo la capacidad operativa de la compañía [Petroperú], debido a las repercusiones inmediatas que generan dichos retrasos sobre la cadena de pagos”.

A pesar de ello, Petroperú emitió un comunicado en el que saludó el apoyo de ProInversión y calificó como prioritario que los mecanismos financieros previstos por el Ejecutivo se concreten en el más breve plazo. La empresa sostiene que esto permitirá fortalecer su liquidez, preservar la cadena de pagos y garantizar la continuidad de sus operaciones, así como el abastecimiento de combustibles en el país.

Petroperú. (Imagen: Andina)

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