El Consejo de Ministros, en su primera sesión ordinaria realizada este miércoles 29 de julio, aprobó la solicitud de facultades legislativas que el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori enviará al Congreso de la República. La propuesta, liderada por la mandataria antes de su participación en el desfile cívico-militar en la avenida Brasil, busca impulsar un paquete de reformas económicas que abarca cambios en materia tributaria, apoyo a las micro y pequeñas empresas (mypes), simplificación administrativa, formalización y eliminación de barreras burocráticas. De aprobarse, el Ejecutivo podría emitir normas con rango de ley mediante decretos legislativos en áreas como protección de emprendedores y mypes, fomento de la formalización, promoción del empleo y protección social, así como el impulso del desarrollo productivo. También se contempla la facultad de legislar en simplificación administrativa, desregulación, eliminación de barreras burocráticas, reforma estructural y modernización del Estado, y materia tributaria, aduanera y de facilitación del comercio. A ello se suma el pedido de legislar en seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. Esta solicitud constituye el primer paso para ejecutar varias de las medidas anunciadas por la mandataria durante su primer Mensaje a la Nación, en el que planteó una agenda económica centrada en la recuperación de la inversión privada, la reducción de la burocracia y el fortalecimiento de la competitividad del país. El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros plantea que el Ejecutivo pueda emitir normas en materia tributaria, facilitación del comercio, simplificación administrativa, impulso al desarrollo productivo, entre otros.

Impulso a las mypes y la formalización

El proyecto de delegación de facultades que Keiko Fujimori enviará al Congreso incluye la promoción y protección de los emprendedores y de las micro y pequeñas empresas (mypes), así como el fomento de la formalización y la promoción del empleo. Estas medidas forman parte de la estrategia económica del nuevo Gobierno para ampliar la base empresarial formal, elevar la productividad y generar nuevos puestos de trabajo, en un contexto donde más del 70 % de la fuerza laboral se mantiene en la informalidad. Durante su primer discurso como presidenta, Fujimori ya había anunciado el incremento del sueldo mínimo de S/ 1,130 a S/ 1,300, acompañado de un bono temporal para ayudar a las mypes a enfrentar este alza de la remuneración mínima vital. Según explicó el Ejecutivo, esta medida busca aliviar el impacto del mayor costo laboral que deberán asumir las empresas de menor tamaño.

Reforma tributaria y menos burocracia

Otro de los ejes centrales del pedido de delegación será la reforma tributaria y el fomento de la formalización, la promoción del empleo y la protección social. En su Mensaje a la Nación del 28 de julio, la presidenta Fujimori anunció que se presentarían "políticas integrales" en materia tributaria y laboral para lograr una reducción sustantiva de la informalidad laboral durante su Gobierno, pero sin afectar ningún derecho laboral. La iniciativa, aprobada por el Consejo de Ministros del gabinete liderado por Luis Galarreta, también incorpora facultades para aprobar normas orientadas a simplificar trámites, eliminar barreras burocráticas y avanzar en un proceso de desregulación, una de las principales promesas económicas formuladas por Keiko Fujimori en su discurso presidencial. En esa misma alocución, la mandataria anunció que impulsará "un profundo proceso de desregulación" para eliminar normas que consideró innecesarias y reducir las cargas administrativas que enfrentan ciudadanos, emprendedores e inversionistas, con el objetivo de mejorar el clima de negocios y acelerar la ejecución de inversiones.

El paquete de facultades que solicitará el Ejecutivo también contempla la reforma estructural y modernización del Estado, con el fin de agilizar la gestión pública y reducir los plazos para la aprobación de inversiones tanto públicas como privadas. Este componente se suma a la desregulación, el destrabe de inversiones y el fortalecimiento de las mypes, ejes que la presidenta planteó al inicio de su gestión y que los principales gremios empresariales consideran prioritarios para reactivar la economía y recuperar la competitividad del país. La iniciativa busca convertir en decretos legislativos varias de esas reformas económicas.

Como parte de ese proceso de reestructuración institucional anunciado por el Gobierno, la agenda del Consejo de Ministros incluyó informes sobre la reorganización de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Ambas entidades forman parte de los cambios que se vienen impulsando para hacer más eficiente la administración pública.

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