El régimen cubano reafirma que la economía estatal sigue siendo central pese a la liberalización parcial, en medio de una crisis marcada por escasez y presiones externas. Como parte de las 176 reformas económicas aprobadas por el Parlamento en junio, Cuba anunció la apertura de nuevas áreas a la participación del sector privado, entre ellas gasolineras, farmacias, residencias para adultos mayores e instalaciones portuarias, con el objetivo de ampliar el papel de la iniciativa privada y atraer inversión. Las nuevas disposiciones reducen de forma significativa el listado de actividades restringidas para las empresas privadas y amplían de manera considerable el espectro de acción para emprendedores y empresarios en la isla, según comunicados difundidos por los medios estatales. Actualmente, más de quince mil micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) operan con autorización en el país desde que esta figura fue legalizada en 2021. Entre las actividades que podrán desarrollar los actores privados figuran la distribución de combustibles, los servicios farmacéuticos y ópticos, la gestión de geriátricos, la explotación de terminales de pasajeros y carga, instalaciones portuarias, la importación de vehículos, proyectos de energías renovables y, bajo determinadas condiciones, operaciones petroleras y mineras. En el ámbito energético, las autoridades permitirán la extracción de petróleo y gas natural mediante asociaciones económicas, empresas mixtas e inversión extranjera. Asimismo, las mipymes podrán participar en la gestión de gasolineras y en actividades relacionadas con la transmisión, distribución y comercialización de electricidad, siempre que cuenten con las autorizaciones correspondientes. A pesar de la liberalización parcial, el Gobierno reafirma que la economía estatal sigue siendo central. Foto: AFP. lr.pe Aunque el régimen aclaró que la atención médica seguirá siendo responsabilidad del Estado y que “la actividad médica (…) continúa garantizada a la población cubana con servicios hospitalarios gratuitos”, las reformas también alcanzan al sistema sanitario. Se habilita la gestión privada de servicios farmacéuticos, siempre que cumplan los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud Pública. En educación, la enseñanza formal permanecerá bajo control estatal, pero se permitirá la prestación de servicios como guarderías, tutorías y academias de idiomas. La presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, Lázara López Acea, afirmó que las medidas “no están yendo a la privatización de la economía”. Sostuvo que la empresa estatal socialista mantiene su papel central, aunque se incrementa la participación de los actores económicos no estatales. Esta liberalización parcial de la economía llega en medio de una prolongada crisis marcada por la caída de la actividad productiva, la escasez de alimentos, medicinas y combustible, así como una severa crisis energética. La administración también enfrenta una mayor presión de Estados Unidos, que mantiene el embargo económico y ha reforzado las sanciones contra la isla en los últimos meses. Pese a la apertura de nuevos sectores, actividades consideradas estratégicas como la defensa, las telecomunicaciones, la seguridad, los medios de comunicación y la educación formal continuarán bajo control exclusivo del Estado. google icon

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