La presidenta Keiko Fujimori anunció que durante los estados de emergencia, “las fuerzas armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control interno en estrecha coordinación con la Policía Nacional hasta restablecer plenamente la autoridad del Estado y devolver esos territorios a los ciudadanos”. Sin embargo, esta fórmula ya fue aplicada sin éxito por sus predecesores Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar entre 2023 y lo que va del 2026, sin que se lograra reducir la criminalidad.
Las cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), publicadas por el ingeniero Juan Carbajal, revelan que el promedio de homicidios por día no solo no bajó, sino que aumentó: durante el gobierno de Boluarte fue de 5,25; en el de Jerí subió a 5,73; y en el de Balcázar llegó a 5,88, al 26 de julio. Pese a este historial, la jefa de Estado no mencionó la derogación de las leyes procrimen ni propuso cambios en el modelo de intervención castrense.
Para la mandataria, la subordinación de la Policía Nacional a las Fuerzas Armadas en las zonas declaradas en emergencia busca “restablecer plenamente la autoridad del Estado”. No obstante, el mismo esquema —que otorga el control operativo a los institutos castrenses— ya se implementó en gobiernos anteriores y los resultados en seguridad ciudadana, uno de los temas de mayor expectativa, fueron adversos.
Los expertos consultados coinciden en que el incremento de la violencia está vinculado a las denominadas leyes procrimen, las cuales han mermado la capacidad de acción de jueces, fiscales y policías. No obstante, la mandataria no mencionó ninguna medida para derogar o reemplazar dichas normas por otras más efectivas. Esto se debería a que las leyes procrimen contaron con el respaldo de la bancada de su partido, Fuerza Popular, lo que explicaría por qué Keiko Fujimori optó por nombrar como ministro del Interior al general EP (r) César Astudillo Salcedo, ex comandante general del Ejército y ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
“En materia de la lucha contra el crimen organizado ha anunciado las propuestas de siempre. Lo de darle el control interno a las Fuerzas Armadas está establecido en la Constitución. Creo que debió haber mencionado al menos la revisión de las leyes procrimen. Pudo haber dicho ‘vamos a revisar’ o ‘vamos a estudiar estas leyes’. Pero no lo hizo”, señaló el exviceministro de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa, José Robles Montoya.
La conclusión es clara: en el periodo en el que las Fuerzas Armadas han tenido el control de las zonas declaradas en emergencia por la violencia criminal, los homicidios no han experimentado una disminución sino todo lo contrario. Se trata de un problema policial, no militar, y el promedio de homicidios se ha disparado.
Extorsión. Incendio en La Victoria causo diez fallecidos. Foto: PNP
El trágico incendio en el jirón Pisagua, La Victoria, que dejó diez muertos —cinco adultos y cinco niños de una misma familia—, presuntamente provocado por extorsionadores, evidenció que la incidencia de este delito está fuera de control. La presidenta se refirió al siniestro, pero su respuesta ha generado críticas. Para el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, la designación de un general del Ejército como ministro del Interior es preocupante. “Es un general de renombre, con un buen currículum. Pero no es un currículum que pueda asociarse a los temas de criminalidad y lucha contra la delincuencia”, señaló. Valdés agregó que, si la mandataria buscó demostrar mano dura, “es una designación para las tribunas, no un mensaje técnico que me genere tranquilidad”, y subrayó que en un sector como Interior es “imprescindible llegar con un equipo de gestión muy bien articulado”. Además, advirtió que un militar no está familiarizado con el combate a la extorsión. Fujimori, por otro lado, pasó por alto las cuestionadas compras recientes de equipamiento para la Policía Nacional, lo que suma otra arista a la controversia sobre su estrategia de seguridad.
De enero a junio de 2026, el Ministerio del Interior reportó 425.239 denuncias policiales en todo el país. Entre los delitos más frecuentes figuran 87.057 por hurto, 25.283 por robo y 18.726 por estafa. También se registraron 10.671 denuncias por extorsión, 1.726 por asalto y robo de vehículos, y 526 por secuestro. Esto significa que, en promedio, los ciudadanos reportan 1.799 casos de extorsión cada mes, lo que equivale a aproximadamente 60 denuncias por día, o 2,4 cada hora. Sin embargo, las autoridades advierten que estas cifras no reflejan el nivel de violencia que ejercen los delincuentes en sus acciones.
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