Pataz y la minería ilegal: el crimen organizado que desbordó la seguridad en La Libertad y los avances del Estado

La provincia de Pataz, en la sierra de La Libertad, a unas 12 horas por carretera desde Trujillo, se ha consolidado como el principal epicentro de la minería ilegal en el Perú y uno de los mayores desafíos para la seguridad nacional. Lo que comenzó como un conflicto por la extracción informal de oro ha mutado hacia una compleja estructura de crimen organizado que controla socavones, cobra cupos, extorsiona a empresas y trabajadores, trafica explosivos y protagoniza enfrentamientos armados que han dejado decenas de muertos.

Según información policial, la violencia escaló cuando organizaciones criminales de Trujillo y otras ciudades costeras llegaron a Pataz para brindar seguridad a pequeños mineros. Sin embargo, con el tiempo se apoderaron de los socavones y buscaron ingresar al millonario negocio minero. A partir de 2020, la violencia se desbordó. En los últimos tres años, alrededor de 100 personas han muerto en hechos criminales, entre ellas 13 trabajadores mineros asesinados en mayo de 2025. Tras ese crimen, el gobierno amplió el estado de emergencia y creó el Comando Unificado Pataz para recuperar el control de la provincia.

Pese a estas medidas, el consejero regional Luis Rodríguez, representante de la provincia, advierte que los avances son limitados. "El Ejército está; él tiene el control en la provincia de Pataz. Podríamos decir que no ha avanzado mucho. De hecho, que hay resultados, sí, resultados mínimos, ¿no? Pero no hay los resultados esperados, como dice el control total de la seguridad en la provincia, ¿no? Y tenemos una comisaría que solamente tiene 8 policías. Imposible que controle 8 policías a una población de casi 20 000 personas", señaló.

La pregunta que persiste, entonces, es si realmente se ha avanzado en reducir la criminalidad en una provincia que, según el Ministerio de Energía y Minas, concentra 3 mil 238 inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera, una cifra que evidencia la magnitud del problema frente a la escasa presencia estatal.

El fiscal superior provisional y coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, Frank Robert Almanza Altamirano, atribuye los enfrentamientos en Pataz a la disputa por el dominio territorial donde se explota oro. “Donde existe la mayor cantidad de concentración de mineral, por eso es que hay concesiones formales, pero también hay mucha minería informal y en Pataz se está evidenciando el nivel de violencia que hay a partir de disputas por territorios que tienen riqueza importante en oro”, precisó. Según el Ministerio de Energía y Minas, la provincia de Pataz concentra 3.238 inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), el padrón donde se inscriben los mineros que buscan formalizar su actividad. Entre registros vigentes y suspendidos, esa cifra representa el 49 % del total de La Libertad, región que, además, ocupa el tercer lugar a nivel nacional. Por su parte, el Ministerio de Defensa reportó que, durante el primer año de operaciones del Comando Unificado que combate la criminalidad en Pataz, se realizaron más de 2.500 patrullajes y 67 operaciones militares. Esto impactó a las economías ilegales por un valor superior a los 249 millones de soles. A pesar de estos avances, el abogado especialista en temas ambientales César Ipenza señaló que el próximo gobierno deberá reforzar el control sobre los insumos utilizados por la minería ilegal y sincerar el REINFO, entre otros aspectos. “Por ejemplo, el tema del control de insumos y, cuando hablo de los insumos, hablo de maquinaria, de explosivos, de insumos químicos que son fiscalizados por la autoridad y que obviamente llegan a estas zonas de manera distante, obviamente por descontrol o por corrupción concretamente, ¿no? Por otro lado, creo que también no hemos sincerado adecuadamente el Registro Integral de Formalización Minera, el Reinfo”, precisó. Según el Instituto Peruano de Economía, en 2025 Pataz registró 92 homicidios por cada 100 mil habitantes, una cifra casi diez veces superior al promedio nacional de 9.3, lo que la ubicó al frente del ranking de criminalidad en el país. Desde febrero de 2024, la provincia acumula 30 meses consecutivos bajo estado de emergencia, siendo una de las que más tiempo ha permanecido en esa condición por razones de seguridad en el Perú. Para el gerente regional de Defensa Nacional, Edwin Dávila, la solución pasa por reforzar el trabajo con personal especializado y mejorar el control del tráfico de armas y municiones que se comercializan en el mercado negro. “Tener personal especializado y capacitado en la zona. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen que ir las unidades especializadas que ven todo lo que es en cuanto a la minería ilegal, la contaminación y, sobre todo, lo más importante, unidades especializadas para ver cuál es el ingreso a la zona de Pataz de armamento, munición y explosivos”, apuntó. El principal reto para el nuevo gobierno será consolidar una política de Estado que articule seguridad, inteligencia, control financiero, reforma de la formalización minera y desarrollo sostenible. El objetivo es recuperar el control de un territorio donde el crimen organizado ha logrado afianzar una fuerte presencia en los últimos años.

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La minería ilegal en el Perú ya no es solo un problema económico: en Pataz, sierra de La Libertad, dejó 13 trabajadores asesinados, evidenciando su rostro más violento. Se trata de una economía que mueve miles de millones de dólares en silencio, pero que a su paso deja muerte, contaminación y comunidades enteras marcadas por la ausencia del Estado. En el informe de Geraldine Hernández se detalla cuánto mueve esta actividad, por qué se expande y qué riesgos representa para el país. El oro, al parecer, vale más que la vida.

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