Durante su primer Mensaje a la Nación, la presidenta Keiko Fujimori se comprometió a reducir a la mitad la anemia infantil y la desnutrición crónica en el Perú, además de reorganizar los programas sociales para crear un sistema de protección integral de la infancia, la adolescencia y las familias con cobertura universal. Sin embargo, no detalló una estrategia multisectorial ni un plan de financiamiento para alcanzar dichas metas.
En su discurso, la mandataria reconoció la gravedad de la crisis social que atraviesa el país. “Tres de cada diez compatriotas no tienen certeza de contar con los alimentos necesarios diariamente y el 35% de los niños de 6 a 35 meses sufre anemia. Esto es inmoral”, afirmó. Como parte de su propuesta, anunció una intervención especial en zonas rurales, la Amazonía y comunidades indígenas, así como el relanzamiento del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) para garantizar la alimentación escolar.
No obstante, Jessica Huamán, nutricionista e investigadora en seguridad alimentaria, cuestionó la falta de detalles sobre la ejecución. Consultada por La República, calificó la propuesta como “bastante ambiciosa”, pero sostuvo que el Gobierno aún debe precisar el camino para alcanzarla. La especialista señaló que, si bien las metas son necesarias, el mensaje dejó varias interrogantes sobre cómo se implementarán las medidas anunciadas.
La especialista advirtió que la reducción de la anemia y la desnutrición infantil requiere más que un anuncio: “Se necesita definir si habrá un plan multisectorial o una política de Estado que articule a todos los niveles de gobierno”. En esa línea, señaló que uno de los principales vacíos del anuncio es la falta de compromisos presupuestales. “Hubiera sido importante precisar cuánto se destinará para combatir la anemia. En gobiernos anteriores el presupuesto bordeó los S/ 800 millones, pero no basta con asignar recursos; también deben ejecutarse adecuadamente”, indicó.
Huamán sostuvo que cualquier estrategia debe empezar por fortalecer el primer nivel de atención, donde se realiza el control prenatal y el seguimiento del crecimiento infantil. “Si en los centros de salud no hay médicos, nutricionistas, hemoglobinómetros o suplementos de hierro suficientes, será muy difícil lograr una reducción real de la anemia”, advirtió. Recordó que la protección de la primera infancia comienza incluso antes del nacimiento. “Cuando hablamos de los primeros mil días de vida hablamos también del embarazo. Si una gestante presenta anemia, aumenta el riesgo de parto prematuro o bajo peso al nacer. Por eso la atención debe empezar desde la madre”, explicó.
La especialista mencionó que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó recientemente que el 30,5% de la población peruana vive en situación de inseguridad alimentaria, indicador que la presidenta también mencionó durante su discurso.
La especialista también señaló que la cifra del 35% de anemia que mencionó la presidenta responde a un cambio técnico reciente en la norma para diagnosticar la enfermedad. Anteriormente, se consideraba anemia cuando un menor de dos años registraba menos de 11 gramos por decilitro de hemoglobina, pero con la nueva norma el punto de corte bajó a 10,5 gramos por decilitro, lo que reduce estadísticamente el número de niños diagnosticados. “No significa necesariamente que la anemia haya disminuido, sino que cambió el criterio diagnóstico. Por eso también será necesario actualizar las metas nacionales bajo esta nueva metodología”, precisó Huamán.
Ante este panorama, la nutricionista consideró que una prioridad del nuevo gobierno debería ser actualizar el plan multisectorial contra la anemia e institucionalizarlo como una política de Estado que trascienda los cambios de ministros. “Hemos tenido muchos cambios en el Ministerio de Salud y cada gestión ha manejado prioridades distintas. Si la lucha contra la anemia se convierte en una política de Estado, las metas no dependerán de cada ministro”, indicó.
Además, recomendó monitorear indicadores como el incremento del presupuesto destinado a combatir la anemia, la ejecución de esos recursos por parte de los gobiernos regionales y el acceso a agua segura, especialmente en la Amazonía. “La inseguridad alimentaria está directamente relacionada con la anemia y la desnutrición. Puno registra los mayores niveles de anemia y Loreto los mayores índices de desnutrición crónica; ambas regiones también presentan alta inseguridad alimentaria”, sostuvo.
Relanzamiento del PRONAA genera incertidumbre
La incertidumbre rodea al relanzamiento del PRONAA, anunciado por la presidenta para garantizar alimentación nutritiva en colegios públicos. Según Huamán, aún no está claro cómo funcionará el programa ni qué pasará con los esquemas actuales de apoyo alimentario. “La presidenta habló de reorganizar los programas sociales, pero no explicó si los comedores populares, ollas comunes, el Vaso de Leche o las tarjetas alimentarias serán absorbidos por el nuevo PRONAA o continuarán funcionando de manera independiente”, señaló. Esta falta de claridad preocupa especialmente a las organizaciones sociales que reciben apoyo estatal y desconocen cómo operará el nuevo sistema. Además, la especialista pidió acelerar la aprobación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, pendiente desde 2021. “Es una deuda del Estado. Debe publicarse pronto, pero además someterse a consulta ciudadana para garantizar que realmente responda a los problemas de inseguridad alimentaria que enfrenta el país”, concluyó.
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