A once días de que el presidente Gustavo Petro entregue el poder al mandatario electo Abelardo de la Espriella, el próximo 7 de agosto, la Fiscalía de Colombia abrió una investigación contra las hermanas Juliana y Verónica Guerrero por su presunta participación en una red de tráfico de influencias que habría operado durante su gobierno. El caso estalló tras una publicación de la revista Semana que expuso audios, chats y comprobantes bancarios que vincularían a las mujeres con cobros a empresarios para gestionar contratos estatales.
El escándalo se agravó el domingo cuando Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación y exfuncionaria cercana a Petro, aseguró en Noticias RCN que había advertido en persona al jefe de Estado sobre el poder que ejercía Juliana Guerrero dentro del Ejecutivo. Rodríguez afirmó que existió un decreto con el fin de retirar a la acusada de la junta de la Universidad Popular del Cesar, pero que el documento nunca obtuvo la firma del presidente. Ante las acusaciones, Petro despidió a Rodríguez y pidió a la Fiscalía aclarar los hechos.
Así operaba el supuesto esquema de cobros a empresarios
Según la investigación de 'Semana', el entramado de las hermanas Guerrero contemplaba un cobro inicial de un millón de pesos (unos US$315) por una reunión con Juliana Guerrero. Luego solicitaban un anticipo de 200 millones de pesos (cerca de 65.520 dólares) con miras a iniciar las gestiones y exigían una comisión del 10% sobre el valor total de los tratos adjudicados. El mecanismo habría empezado en el segundo semestre de 2024 y se extendió a distintas entidades y departamentos del país, pese a que las hermanas no tenían vinculación formal con el Gobierno durante ese período.
Juliana Guerrero, de 23 años, saltó a la escena pública cuando se le presentó en un Consejo de Ministros como futura viceministra de Juventud. El nombramiento no se concretó al descubrirse que la joven había presentado un título universitario falsificado. A pesar de ese revés, mantuvo influencia en el Ejecutivo. "Juliana es un poco joven, digamos, pero muy activa, rebelde, como las juventudes que nos hicieron ganar las elecciones", declaró entonces el presidente.
La joven negó haber recibido dinero por gestiones ante entidades públicas y aseguró que no mantiene contratos ni nombramientos con el Gobierno nacional desde hace más de un año. Sin embargo, los registros de Función Pública muestran múltiples vinculaciones como contratista y asesora en distintas dependencias oficiales desde octubre de 2022.
El escándalo también generó rechazo dentro del propio oficialismo. Andrea Petro, una de las hijas del mandatario, escribió en redes sociales: “La aparente desfachatez con la que actuaron resulta tan grave como los presuntos hechos que hoy investiga la justicia. Las Guerrero deberán responder ante las autoridades. Si las conductas se comprueban, tendrán que asumir todas las consecuencias. Nadie está por encima de la ley”.
Petro, por su parte, ordenó el cese de Angie Rodríguez el último lunes y la calificó como “gran manipuladora”. En un mensaje público, reveló que la funcionaria es “una paciente psiquiátrica” y sostuvo que encontró eco en “la perversión de la prensa tradicional”, que a su juicio busca desacreditarlo. La Asociación Colombiana de Psiquiatría rechazó el proceder del mandatario y señaló que utiliza la salud mental para descalificar a quienes hacen denuncias.
El jefe de Estado también se desmarcó de las acusaciones contra las hermanas Guerrero y pidió a la Fiscalía esclarecer los hechos. En un tuit, afirmó que los empresarios que entregaron fondos a fin de obtener contratos “dieron dineros como pendejos” y que, de comprobarse las denuncias, se trataría de una estafa cometida por particulares y no de una actuación de su gobierno.
Rodríguez, en tanto, continúa apareciendo en medios dando nuevos detalles de sus denuncias y preocupaciones. También cuestionó una orden de trasladar un billón de pesos del Fondo Adaptación para atender la emergencia por el fenómeno de El Niño, afectando, según ella, a la comunidad de La Mojana.
El excandidato presidencial Iván Cepeda declaró que "no existe ni puede existir tolerancia alguna ante estas conductas" y exigió que todo indicio de corrupción “debe ser investigado con independencia, esclarecido con transparencia y sancionado con el rigor de la ley”. Por su parte, el exsenador Gustavo Bolívar sostuvo que el caso provoca "mucho daño al Pacto Histórico y a quienes actuamos honestamente para cambiar este país". El exdirector de la UNGRD, Carlos Carrillo, calificó las pruebas como "muy delicadas" y solicitó a la justicia investigar los posibles delitos. La Fiscalía avanza en la indagación para determinar si las hermanas integraron la presunta red de tráfico de influencias. Mientras tanto, el presidente electo Abelardo de la Espriella pidió garantizar la seguridad de Angie Rodríguez, la denunciante del caso.
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