Keiko Fujimori propone construir megapenales en menos de un año para aliviar el hacinamiento carcelario en Perú

En medio de un sistema penitenciario que opera al límite, la candidata Keiko Fujimori ha planteado la construcción de cuatro megapenales de máxima seguridad, cuatro penales estándar modulares para 1,000 internos y un penal especializado para jóvenes infractores, según su plan de gobierno de Fuerza Popular. Estas instalaciones serían administradas temporalmente por las Fuerzas Armadas.

Fujimori precisó que se tomará como referencia la experiencia de El Salvador con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), impulsado por el gobierno de Nayib Bukele y con capacidad para 40 mil presos. “Hemos planteado la construcción de por lo menos cuatro cárceles grandes y una cárcel para los criminales más avezados y más peligrosos. Convocaremos a licitaciones internacionales. Acá lo importante es hacerlo rápidamente. Sabemos que en El Salvador el presidente [Nayib] Bukele construyó estas cárceles en ocho meses, acá lo tenemos que hacer un poco más rápido”, declaró a un medio colombiano.

La propuesta surge en un contexto crítico: según el último informe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), las 69 cárceles peruanas albergan cerca de 105,000 internos, pese a que su capacidad instalada bordea las 42,000 plazas, lo que implica una sobrepoblación superior al 133%. Álvaro Cubas, economista senior del Consejo Privado de Competitividad (CPC), señaló que la construcción de nuevos penales para 10,000 o 20,000 personas no cerraría la brecha actual, pero podría aliviar el nivel de hacinamiento.

Flavio Ausejo, especialista en políticas públicas de la PUCP, coincidió en que la medida propuesta por Keiko Fujimori es pertinente para reducir el hacinamiento crítico en penales como el del Callao, que alberga cinco veces más internos de los que su capacidad permite. Sin embargo, advirtió que construir cuatro megapenales en menos de un año no necesariamente permitiría reducir la delincuencia. “Si el objetivo va a por atender el alto nivel de victimización, no creo que funcione. Es insuficiente porque hay otro conjunto de elementos sobre el que el Gobierno debe tomar acción para que efectivamente pueda existir alguna posibilidad de reducir esos indicadores”, comentó. En esa línea, Ausejo precisó que el marco legal se ha debilitado y que el sistema judicial presenta demoras que impiden juzgar con celeridad. Además, el cambio realizado hace algunos años con el nuevo Código Procesal Penal no está entregando los resultados esperados. Por otro lado, un especialista consultado por Gestión señaló que actualmente hay alrededor de 63,000 presos adicionales al nivel máximo que pueden ocupar las cárceles. “La construcción de las megacárceles pueden aliviar, pero una sola no podría porque aún quedaría una brecha significativa de sobrepoblación de presos. Otro problema es la calidad de los establecimientos: tres de cada cuatro tienen condiciones inadecuadas de infraestructura y, de esos, solo tres de cada 100 tienen capacidades adecuadas de seguridad”, agregó. Por el momento, el plan de Fuerza Popular no precisa cuánto podría costar replicar en el Perú un modelo similar al de El Salvador, que gastó entre US$ 100 millones y US$ 135 millones para poner en funcionamiento el CECOT, ni detalla el mecanismo de ejecución de proyecto para lograr su construcción en 8 meses o menos.

El especialista del CPC, Cubas, señaló que la experiencia del país en la construcción o mejora de cárceles muestra plazos mucho más largos. Por ejemplo, el nuevo establecimiento penitenciario de Ica, cuya inversión comenzó en 2014, aún no se ha culminado; la Contraloría General de la República incluso alertó que las licencias y permisos para su ejecución vencerían en junio. Otro caso es la ampliación del penal de Arequipa, que inició su ejecución financiera en 2013 y hasta ahora permanece paralizada. “Han pasado más de 10 años en ambos proyectos desde que gastaron su primer sol”, subrayó Cubas, por lo que habría que optar por modalidades más eficientes para alcanzar la meta planteada por Fujimori.

Ante esta realidad, Cubas indicó que “hay una deficiencia en, incluso, mejorar o ampliar la infraestructura actual. El tema aquí es qué tanto va a requerir y qué tan rápido se va a poder poner en operación esta propuesta”. Agregó que “las modalidades como las Asociaciones Público-Privadas (APP) u Obras por Impuestos (OxI) han mostrado mayor eficiencia y podrían ser una alternativa para reducir los tiempos de ejecución porque tienen mejor capacidad que el modelo tradicional”. Además, recordó que existen experiencias internacionales con establecimientos penitenciarios modulares para acelerar la construcción y reducir costos, aunque precisó que el tiempo final dependerá del diseño del proyecto, la obtención de terrenos y la modalidad de contratación que adopte el Estado.

Por su parte, Ausejo coincidió en que el marco normativo vigente ofrece herramientas para acelerar proyectos de infraestructura, aunque consideró difícil asegurar que puedan completarse en apenas algunos meses.

“Me parece un plazo bastante corto. Pero las reglas actuales sí permiten que el Estado y el sector privado trabajen como socios mediante mecanismos que agilizan la ejecución”, señaló el especialista. Además de las APP y OxI, mencionó que otras opciones para acelerar la infraestructura son los contratos estandarizados, la metodología BIM y los acuerdos Gobierno a Gobierno. Sin embargo, el éxito de la propuesta no dependerá solo de la velocidad constructiva. Para reducir la delincuencia, añadió, la infraestructura debe integrarse en una estrategia global que abarque prevención, intervención y restitución. Una política contra la delincuencia requiere fortalecer la prevención del crimen organizado, atacar fuentes que alimentan economías ilegales como la extorsión y la minería ilegal, y mejorar la capacidad del sistema judicial para procesar a los responsables. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.

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