En medio de la emergencia por el Fenómeno El Niño Costero (FEN), la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) ha decidido resolver cuatro contratos para obras de defensas ribereñas en siete ríos del país, cuyos montos superan los S/ 2 mil millones y podrían ser aún mayores. Estos proyectos, que ya tenían avances en diseño y ejecución física, corresponden a los ríos Lacramarca, Casma, Huarmey, Chicama, Virú, Cañete y Huaura.
El pasado lunes por la tarde, la ANIN comunicó públicamente la resolución de los contratos con la empresa española Obrascon Huarte Laín (OHLA), firmados originalmente por la extinta Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), a la que la ANIN reemplazó hace tres años. Los acuerdos se enmarcan en el acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) con Reino Unido.
Consultados por Gestión, desde la ANIN precisaron que el costo fijado en los contratos asciende a S/ 2,010 millones, aunque en el comunicado oficial no se revelaron montos. La razón de la resolución, según aludió la entidad, responde a “sanciones internacionales” de la matriz de OHLA que no habrían sido declaradas durante los procesos de contratación. Sin embargo, al ser consultados, la ANIN no precisó cuál fue el caso específico. La situación se resolvería con recursos extra solicitados al Gobierno.
Según precisaron desde la entidad, el “acto prohibido” que originó la resolución contractual se sustenta en delitos tipificados en la sección IV del Capítulo II del Título XVIII del Código Penal peruano o “sus equivalentes en otros países”, entre los que figuran cohecho, tráfico de influencias y corrupción. “Es importante señalar que este proceso se ha realizado dentro del marco contractual aplicable y conforme a las cláusulas anticorrupción previstas en los contratos. Asimismo, preciso indicar que la documentación que motiva la resolución del contrato ha sido debidamente notificada (a OHLA)”, respondieron a este Diario.
No obstante, en el Buscador de Proveedores del Estado del OECE, OHLA no registra ninguna sanción del Tribunal de Contrataciones Públicas en al menos los últimos cinco años. Tampoco figura inhabilitada por el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de acuerdo al propio OECE y según constató Gestión. El contrato NEC 3 opción F, modelo empleado en el G2G, incluía una cláusula anticorrupción que fue activada tras una fiscalización posterior, similar a la que aplicó en febrero Provías Nacional con Egis, empresa francesa detrás de PMO Vías, que estaba a cargo de la NCC.
Una revisión rápida en Internet revela que OHLA ha sido investigada en España por diversas situaciones. De acuerdo a El País, en 2022 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó con 203.6 millones de euros a seis de las principales constructoras españolas, incluida OHLA, por haber concertado durante 25 años licitaciones públicas vinculadas a obras civiles de infraestructura.
La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) indicó en un comunicado que tomaría las “acciones pertinentes” para que la ejecución de los proyectos no se vea afectada, aunque no detalló cuáles serían estas. En respuesta a Gestión, la entidad reportó que a partir de hoy, jueves 12, establecerán un plan de trabajo conjunto en cada zona de las obras ribereñas, en diálogo con la población y las autoridades locales. Además, sin asegurarlo, dieron una “pista” de su próximo paso: el contrato resuelto con OHLA les permite “beneficiarse” de los acuerdos suscritos con “subcontratistas, proveedores u otros terceros vinculados a las labores del contrato”. Gestión contactó a la matriz de la firma española, quien comentó que emitirían un pronunciamiento al respecto, sin adelantar su contenido.
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