La justicia chilena confirmó este lunes, a través de un peritaje genético del Servicio Médico Legal (SML), que Bernarda Rosalba Vera Contardo, quien figuró oficialmente por más de cinco décadas como detenida desaparecida de la dictadura militar, se encuentra con vida y reside en Argentina. El ministro en visita para causas de Derechos Humanos, Álvaro Mesa Latorre, comunicó el resultado del análisis de ADN que establece científicamente la identidad de la exmilitante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), poniendo fin a años de búsqueda e incertidumbre.
Según informó el Poder Judicial en un comunicado, "en la diligencia, se informó que los antecedentes científicos acreditaron una probabilidad de identificación de la señora Bernarda Rosalba Vera Contardo superior al 99,9999 %". La verificación genética comparó el perfil de Vera con muestras de sus familiares almacenadas en el Banco Genético del SML, logrando una certeza científica absoluta sobre su paradero. El hallazgo ha motivado exigencias de restitución de fondos estatales en Chile.
El caso dio un vuelco definitivo tras un reportaje exclusivo de la señal Chilevisión en septiembre de 2025, que logró ubicar a la mujer viviendo en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Las indagaciones posteriores revelaron que la profesora, hoy de 80 años, escapó de Chile tras los eventos de 1973, obtuvo refugio y nacionalidad en Suecia en 1978, y finalmente retornó al país sudamericano.
El ministro Álvaro Mesa instruyó que la causa se mantenga bajo estricto secreto de investigación, señalando que "el informe pericial genético de ADN es de carácter reservado y se entrega con el único y exclusivo fin para conocimiento del grupo familiar directo y su ámbito interno".
La historia oficial
Desde la década de los noventa, Vera figuraba en el listado oficial de víctimas del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocido como Informe Rettig, donde se presumía que había sido ejecutada el 10 de octubre de 1973 en el puente sobre el río Toltén. Su detención, según esa versión, ocurrió en el marco de la 'masacre de Liquiñe', tras ser intensamente perseguida por las autoridades militares debido a su militancia política.
No obstante, la ratificación de que está viva desató una ofensiva legal encabezada por parlamentarios y abogados particulares, que denuncian un presunto fraude en la obtención de beneficios estatales por parte de la familia. “Sabiendo que esto era cierto, teniendo antecedentes, documentos, informes, declaraciones de testigos de que esta persona estaba viva, lo ocultaron y permitieron que los familiares de la señora Vera siguieran recibiendo pensión obtenida fraudulentamente por una falsa detenida desaparecida”, declaró el abogado Maximiliano Murath tras conocerse los resultados del ADN, según recoge La Tercera de Chile.
Ofensiva legal y controversia por beneficios estatales
Los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Flor Weisse, Sergio Bobadilla y Daniel Lilayu solicitaron formalmente al Ejecutivo y al Consejo de Defensa del Estado iniciar acciones inmediatas para recuperar los montos entregados a los familiares de Vera. El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó que se pagaron pensiones de reparación a la madre de la mujer hasta su fallecimiento y a su hija hasta que cumplió 25 años, y advirtió que se realizarán todas las gestiones para recuperar los pagos percibidos indebidamente. Los parlamentarios subrayaron la gravedad del caso, al señalar que el Estado reconoció por décadas como víctima a una persona que estaba viva, y exigieron que los recursos públicos sean restituidos en su totalidad.
En una declaración oficial, los parlamentarios de la bancada de la UDI afirmaron que "si por años o décadas se entregaron dineros públicos de forma fraudulenta, lo que corresponde es que sean restituidos en su totalidad". La declaración se da en el marco del caso Bernarda Vera, donde el ADN confirmó que la mujer que figuró como desaparecida durante 50 años en Chile está viva en Argentina. Los legisladores subrayaron la necesidad de que los fondos públicos entregados indebidamente sean devueltos por completo, sin importar el tiempo transcurrido.
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