El Frente Patriótico de Loreto rechazó la eventual incorporación de la infraestructura de Petroperú en la Amazonía al proceso de reorganización patrimonial que impulsa el Gobierno. La organización solicitó que la Refinería Iquitos, así como las plantas y terminales de almacenamiento de la Selva, sean excluidos de cualquier concesión o transferencia. Consideran que estos activos son estratégicos para garantizar el suministro de combustibles en una de las zonas más aisladas del país. El pedido fue dirigido al Ejecutivo y a ProInversión, entidad que participa en la implementación de los Decretos de Urgencia N.° 010-2025 y N.° 003-2026. Estas normas establecen la reorganización patrimonial de Petroperú como parte de su reestructuración financiera. Para el Frente Patriótico de Loreto, el debate no se limita a la administración de activos de una empresa estatal. Sostienen que la infraestructura amazónica cumple una función pública que trasciende el negocio petrolero, pues garantiza el abastecimiento de combustibles en regiones donde la participación privada ha sido históricamente limitada por los altos costos logísticos y la baja rentabilidad de algunas rutas. La organización advierte que una eventual transferencia pondría en riesgo el abastecimiento de combustibles en la Amazonía, más de 500 empleos y la seguridad energética de la región. La Refinería Iquitos abastece de combustible a tres regiones y sostiene la seguridad energética de la Amazonía.

La organización remarcó que la Refinería Iquitos adquiere una importancia especial porque Loreto no está conectada al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), la red que distribuye electricidad a gran parte del país. En la práctica, esto significa que gran parte de su generación eléctrica depende de combustibles líquidos, por lo que cualquier alteración en la cadena de suministro tendría un impacto directo sobre la población y los servicios básicos. Desde esta instalación se abastecen las regiones de Loreto, San Martín y parte de Ucayali, permitiendo el funcionamiento del transporte fluvial, la generación eléctrica, la aviación, los establecimientos de salud y diversas actividades productivas.

El Frente Patriótico recordó que la Refinería Iquitos procesa hasta 12.000 barriles diarios de petróleo provenientes principalmente de los lotes 95 y 8, convirtiéndose en el principal centro de refinación de combustibles de la Amazonía peruana. Además, señaló que Petroperú incrementó recientemente en 1,68 millones de galones la capacidad de almacenamiento de la refinería. La medida, indicó, busca reducir el riesgo de desabastecimiento durante la época de estiaje, cuando el descenso del caudal de los ríos complica el transporte fluvial.

Por ello, consideró que estas instalaciones no deberían ser incluidas en los bloques patrimoniales que serían puestos en concesión. Sostuvo que siguen siendo activos estratégicos para asegurar el suministro de combustibles en la Amazonía y para la propia operación de Petroperú. El Frente Patriótico también alertó sobre el impacto laboral que tendría una eventual transferencia de estos activos. Según indicó, la operación de Petroperú en la Selva comprende la Refinería Iquitos, un poliducto de más de 15 kilómetros y las plantas de ventas de Iquitos, Pucallpa, Tarapoto y Yurimaguas. En conjunto, estas instalaciones sostienen más de 500 empleos directos e indirectos, además de una amplia red de proveedores, transportistas y empresas de servicios.

La organización advirtió que alterar el esquema de operación de Petroperú podría poner en riesgo la estabilidad laboral de cientos de familias y la economía de las ciudades donde la empresa estatal representa una de las principales actividades productivas. Además, expresó su preocupación por la conformación de los bloques patrimoniales. Citando fuentes del sector energético, sostuvo que existiría interés de determinados grupos privados por la infraestructura amazónica incluso antes de que se definan oficialmente los activos que serán incluidos en el proceso. También mencionó versiones sobre una presunta pugna entre empresas vinculadas a extrabajadores de Petroperú y capitales extranjeros interesados en estas instalaciones. Frente a ello, pidió que las autoridades investiguen cualquier posible conflicto de interés o intento de direccionar un proceso que involucra infraestructura estratégica para el país. A su juicio, mantener estos activos bajo control estatal es fundamental para garantizar el abastecimiento de combustibles, la seguridad energética y la continuidad de las actividades económicas y de los servicios esenciales en la región.

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