En cuestión de días asumirá una nueva administración, y lo hará contra el reloj: los desafíos fiscales no llegan en fila, sino todos a la vez, y la improvisación no es una opción. Postergar estos frentes no los desactiva, los agrava.
El primer riesgo ya está anunciado y sobrevuela toda la economía: la creciente probabilidad del fenómeno de El Niño, cuya magnitud aún desconocemos, y ahí radica el peligro. Aunque existen líneas de crédito contingentes, las necesidades podrían desbordar los fondos disponibles. Si eso ocurre, habrá que recurrir a nuevo endeudamiento, plenamente justificado, pero que sería la factura tardía de una omisión: no haber reconstruido el espacio fiscal en los años posteriores al covid, cuando la irresponsabilidad del Congreso puso en riesgo las finanzas públicas.
En ese terreno, sin embargo, hay una señal alentadora. El Tribunal Constitucional habría establecido que el Congreso carece de iniciativa de gasto, algo saludable. Pero la pregunta de fondo sigue abierta: ¿qué ocurrirá con las leyes ya aprobadas? ¿Serán derogadas? Aquí aparece el verdadero trade-off entre política y salud fiscal. Siempre habrá grupos presionando por beneficios estatales –el clientelismo político nunca descansa–, y la prueba para las nuevas autoridades será atender necesidades legítimas sin romper el equilibrio fiscal. Ceder tiene un nombre: costos de largo plazo que, tarde o temprano, pagamos todos.
El desafío fiscal no se libra solo con cifras: se libra con personas. El MEF debe recuperar buena parte del capital humano perdido en estos años. Muchos jóvenes profesionales se alejaron, ahuyentados por el vaivén de autoridades, y el fenómeno excede al ministerio: la fuga de talento ha sido masiva en todo el Estado. Un punto crítico son las remuneraciones de los perfiles altamente especializados. El sector público jamás competirá de igual a igual con el privado, pero sí puede acortar la brecha. Habrá quien objete que esto es más gasto; es una mirada miope, que solo ve el costo y nunca el beneficio: funcionarios mejor pagados, con metas claras y evaluación continua, rinden más. Ese mecanismo, bien diseñado, es enormemente poderoso.
En la misma línea, fortalecer y reestructurar Servir debe ser prioridad, para que sea de una vez la genuina oficina de desarrollo del talento estatal. La lógica es simple pero implacable: si no cuidamos a quienes hacen funcionar el Estado, ningún incremento futuro de recursos llegará a la población. Seguiremos alimentando el descontento social y girando en una espiral que le hace daño al país.
Pero la tensión mayor, creo, será resistir los impulsos populistas heredados de las promesas de campaña en un contexto de fragilidad fiscal. El último crédito suplementario aprobado podría repetirse con fines ajenos al fenómeno de El Niño, y cada repetición tensa un poco más la cuerda.
También urge revisar los sistemas administrativos del Estado, que hoy operan de forma fragmentada y generan ineficiencia. Articularlos para facilitarle la vida al funcionario de la unidad ejecutora –ese que da la cara ante la población– tendría un doble efecto: menos horas perdidas llenando formularios innecesarios y más tiempo dedicado a lo que de verdad importa. Y procesos más transparentes son, además, procesos con menos espacio para la corrupción.
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El equipo que ingrese al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) deberá escoger bien sus batallas y trazar con firmeza sus líneas rojas, pues los retos son muchos. Si en el primer año se logra una hoja de ruta que apunte a la productividad de los factores, con acciones sincronizadas que generen ganancias tempranas y construyan la tracción necesaria para reformas más audaces, se podrá mirar el futuro con cierto optimismo. El liderazgo puede recuperarse pronto si hay una bancada parlamentaria alineada y coordinación real entre Ejecutivo y Legislativo. El reto no es menor, pero tampoco lo es la oportunidad.
Porque la lucha contra la corrupción es la batalla decisiva. Reducirla significa liberar recursos para las necesidades de la gente: hacer más con lo mismo, algo crucial en las actuales circunstancias. No podemos darnos el lujo de convivir con este flagelo, una de las injusticias más profundas del país. Pero exige un esfuerzo conjunto, liderado desde el más alto nivel, con una señal inequívoca de que no habrá tolerancia.
Carlos Casas Tragodara es economista del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
Profesor e investigador principal del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
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