La rotación de funcionarios en cada gobierno debilita las capacidades del Estado peruano

El principal desafío del Perú no es solo político, sino institucional. Así lo señala la evidencia: el Banco Mundial ubica al país entre los de menor efectividad gubernamental de la región, mientras que la OCDE sostiene que una gestión pública más profesional permitiría aprovechar mejor la inversión pública y reducir los costos asociados a la corrupción. No se trata únicamente de hacer mejores normas, sino de contar con instituciones capaces de ejecutarlas.

Ese diagnóstico coincide con el estudio del Ceplan, que sostiene que la capacidad del Estado depende de la calidad de su gestión, de sus recursos humanos y de la fortaleza de sus instituciones. Por ello, plantea la necesidad de construir capacidades estatales que perduren más allá de los ciclos políticos y coyunturales. Al mismo tiempo, advierte que la estabilidad burocrática, sin meritocracia ni orientación al desempeño, tampoco fortalece al Estado. La continuidad solo tiene sentido cuando está respaldada por competencia y resultados.

Las capacidades del Estado deberían ser permanentes, aunque los gobiernos sean temporales. Sin embargo, en el Perú cada cambio de administración suele dar la impresión de que todo vuelve a empezar. Se reemplazan equipos, se interrumpen procesos y se pierde conocimiento acumulado. La discusión se concentra en quién ocupará los cargos, cuando la verdadera pregunta debería ser otra: ¿qué capacidades está construyendo –o perdiendo– el Estado?

Todo gobierno tiene el derecho –y la obligación– de conformar el equipo con el que ejecutará su programa. Cuando el desempeño ha sido deficiente, la renovación no solo es legítima, sino necesaria. El problema surge cuando ese proceso responde únicamente a la confianza política y no a una evaluación objetiva del mérito, la experiencia y los resultados. Un Estado profesional no es el que nunca cambia; es el que sabe distinguir qué debe cambiar y qué conviene preservar.

El verdadero desafío del próximo Gobierno no es solo seleccionar buenos ministros, sino revisar con rigor las segundas y terceras líneas del Estado, donde se diseñan y ejecutan las políticas públicas. Allí habrá funcionarios que deberán ser reemplazados por bajo desempeño y otros cuyo conocimiento será indispensable para asegurar la continuidad de proyectos y servicios. Confundir ambos casos sería repetir un error que el país ha cometido durante décadas. Las capacidades institucionales toman años en construirse y muy poco en perderse. El éxito del próximo Gobierno no dependerá de cuántos funcionarios reemplace, sino de la calidad de los criterios con que lo haga. Renovar donde sea necesario y preservar el talento donde exista no son objetivos incompatibles; son la base de un Estado moderno. Porque los gobiernos pasan, pero las instituciones –cuando se construyen sobre el mérito y las capacidades– son las que hacen posible el desarrollo.

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