En el distrito de Tapayrihua, provincia de Aymaraes (Apurímac), la presencia de mineros ilegales que operan clandestinamente tiene en vilo a la población. Pese a que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) canceló todos los REINFO de los invasores por incumplir las normas, estos continúan extrayendo y comercializando mineral sin respetar las disposiciones ambientales vigentes, todo ante la vista de los efectivos policiales.

La familia de la adulta mayor herida responsabiliza directamente a cuatro mineros, quienes —según indican— fueron denunciados previamente por el presunto delito de usurpación. Los denunciados estarían realizando actividades de minería en parte de los terrenos que la familia considera de su propiedad.

Atentado de minero ilegales dejón herida a una adulta mayor.

Además del atentado, la operación ilegal afecta a los comuneros de otras formas. A altas horas de la noche, la circulación de los camiones de los mineros perjudica a los animales de los pobladores. Especialistas en su cuidado señalan que, al interrumpirse su descanso, los animales retrasan su período reproductivo y no ingieren sus raciones alimenticias en la proporción habitual, lo que les provoca una baja de peso. Esto perjudica directamente a los comuneros que viven de los ingresos que genera la crianza y comercialización de sus animales.

Los pobladores de la Comunidad Campesina de Tapayrihua rechazan el abuso y maltrato de los mineros ilegales, a quienes acusan de un atentado con explosivos que dejó hospitalizada a una adulta mayor de 86 años. El hecho ocurrió en la comunidad de Pallccora, distrito de Tapayrihua, alrededor de las 2.00 de la madrugada. La explosión destruyó la cocina y el baño de la vivienda familiar, dañó inmuebles cercanos y quemó pertenencias y medicamentos. La víctima, Onorata Tapia Retamozo, sufrió pérdida de audición, lesiones por la onda expansiva y un cuadro de shock, por lo que fue trasladada a un establecimiento de salud en Abancay. Sus familiares señalaron que el ataque puso en riesgo la vida de quienes estaban en la vivienda al momento de la detonación. De acuerdo con la denuncia, el atentado estaría vinculado a un conflicto por actividades mineras ilegales en la zona. La familia sostiene que desde hace aproximadamente dos años venía presentando denuncias por la presunta ocupación de parte de sus terrenos y por la minería ilegal que, aseguran, se desarrollaba sin autorización y afectaba la chacra de la que depende la adulta mayor. Además, indicaron que antes del ataque recibieron amenazas para que desistieran de sus reclamos.

Los familiares responsabilizan directamente a cuatro mineros, a quienes denunciaron previamente por el presunto delito de usurpación, por realizar actividades de minería en parte de los terrenos que consideran de su propiedad. Según su versión, antes del atentado los presuntos implicados les habrían solicitado retirar la denuncia presentada en su contra. Ante la negativa de la familia, días después se habría producido la explosión que destruyó parte de la vivienda. Un familiar declaró que decidieron continuar con las acciones legales pese a las advertencias recibidas y que, posteriormente, ocurrió el atentado. Señaló que el conflicto surgió luego de denunciar a personas a quienes acusa de ocupar parte de su propiedad y depositar desmonte en sus terrenos.

La familia solicitó la intervención de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público para investigar lo ocurrido y determinar responsabilidades. Hasta el momento, corresponde a las autoridades realizar las diligencias e investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y establecer si existe responsabilidad penal de las personas involucradas. Los integrantes de la familia manifestaron que temen por su integridad y la de sus integrantes, al considerar que los actos de violencia podrían incrementarse.

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