El excandidato presidencial Carlos Espá, designado por la presidenta electa Keiko Fujimori como próximo ministro de Relaciones Exteriores, se pronunció sobre la posibilidad de otorgar un salvoconducto a Betssy Chávez, quien permanece asilada en la Embajada de México en Lima desde hace ocho meses. Espá afirmó que su gestión se guiará por el respeto a las normas internacionales y que la decisión se tomará en el Consejo de Ministros.
“Nosotros creemos en el Estado de derecho, en el imperio de la ley. Más allá de las simpatías o antipatías personales, más allá de que las personas deben responder por sus actos, deben de asumir la responsabilidad de sus actos, creemos en el imperio de la ley tanto a nivel nacional como internacional”, declaró Espá a RPP. En esa línea, subrayó que la Cancillería peruana “tiene una larga tradición de respetar los principios internacionales”.
El futuro canciller adelantó que el caso será abordado en el Consejo de Ministros y que la postura final se dará a conocer “prontamente”. “La Cancillería peruana tiene una larga tradición de hacer respetar los principios internacionales, y uno de ellos es el respeto a las convenciones y los convenios internacionales, como la Convención de Caracas de 1954. En función de esos principios vamos a tomar una decisión en Consejo de Ministros, estoy seguro que se dará a conocer prontamente”, sostuvo.
Keiko Fujimori, al anunciar a Espá como titular de la cartera diplomática, afirmó que él conducirá una política exterior caracterizada “por ser moderna y profesional”. Espá, por su parte, recalcó que su gestión respetará “las convenciones y los convenios internacionales” al ser consultado específicamente sobre el salvoconducto para Chávez.
El canciller saliente, Carlos Pareja, ya se había pronunciado sobre la posibilidad de un salvoconducto para Betssy Chávez la semana anterior, señalando que el gobierno saliente “ha tenido la intención de cumplir todos los tratados internacionales”. Sin embargo, aclaró: “No puedo expresar lo que va a ser la postura del gobierno entrante”. La ex primera ministra fue condenada el 4 de diciembre de 2025 por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, vinculado al fallido golpe de Estado de 2022. Tras la sentencia, se ordenó su ubicación y captura a nivel nacional e internacional. Antes de que se conociera el fallo, Chávez se asiló en la embajada mexicana para evitar su detención.
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