La legisladora María Cordero Jon Tay (no agrupada) estuvo a punto de ser blindada por el Congreso, pese a que en abril del 2023 se hizo tristemente conocida por exigirle a uno de sus trabajadores que le entregue la mitad de los S/9,000 que cobraba, según reveló un audio del dominical Punto Final. Solo tras una reconsideración se logró levantarle la inmunidad y suspenderla de la función parlamentaria, pero no pudieron inhabilitarla.

La votación refleja el nivel de ética del Congreso: apenas 50 congresistas votaron a favor de que la acusada de “mocha sueldo” sea inhabilitada de la función pública. En contraste, seis votaron en contra, 25 se abstuvieron —que para efectos prácticos equivale a un voto en contra— y 18 no respondieron. Es decir, 49 parlamentarios consideraron que una persona que roba sueldos puede seguir siendo funcionaria pública.

No sorprende que recién después de un año se llegue a una sanción a medias, ni que hasta la fecha no haya pasado nada con otros parlamentarios acusados de robarles el sueldo a sus trabajadores. Entre los casos también escandalosos figuran Rosío Torres, Heidy Juárez, Katy Ugarte, Edgar Tello, Magaly Ruiz, María Acuña, Jorge Flores e incluso el presidente del Congreso, Alejandro Soto. Todos tienen denuncias muy bien documentadas que simplemente están encarpetadas.

Quizá el más sincero fue el congresista no agrupado Edwin Martinez al defender a Cordero Jon Tay: “¿Cuántos mochasueldos ha habido en el Congreso, a quién se ha sancionado? ¿Cuántas irregularidades hemos cometido nosotros como congresistas y a quién se ha sancionado?”, aseveró.

El deterioro ético e institucional es muy claro y el problema más grave, según advierte el autor, es que este cáncer ya ha hecho metástasis a otras instituciones clave para el sistema democrático. Algunos no quieren verlo y prefieren creer que es una pelea entre rojos, caviares, DBA o el calificativo que más le parezca, pero la realidad es que este es un problema de delincuentes.

Lo concreto es que esto demuestra el nivel de descaro con el que opera hoy por hoy el Congreso. Solo un día antes del espectáculo de la “mocha sueldo”, 78 congresistas se pusieron de acuerdo para aprobar cerca de las nueve de la noche un proyecto que no fue dictaminado por ninguna comisión y que no estaba en la agenda del día, para favorecer en la práctica a la minería ilegal. Esa misma minería que invade concesiones y que solo en diciembre del año pasado ingresó con sicarios a Minera La Poderosa en Pataz, La Libertad, donde asesinó a nueve trabajadores y dejó gravemente heridos a otros 15. Claramente esto no le importa a esos 78 congresistas que votaron a favor de esta actividad, que destruye la vida, el medio ambiente y la iniciativa privada, pero que mueve tanto o más dinero que el narcotráfico.

Omar Mariluz Laguna

Magíster en Economía, diplomado internacional en Comunicación, Periodismo y Sociedad, estudios en Gestión Empresarial e Innovación, y Gestión para la transformación. Cuento con más de 15 años de experiencia en el ejercicio del periodismo en medios tradicionales y digitales.

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