Entre 2024 y julio del 2026, al menos 1.253 casos de violación contra menores se registraron en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, en la frontera con Ecuador. Según datos del Ministerio de la Mujer, solo en 2024 se reportaron 370 denuncias por abusos sexuales; en 2025 la cifra subió a 558 y entre enero y mayo de este año ya suman 250. La dirigente awajún wampis Rosmary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún Wampis, denuncia que la inacción del Estado peruano mantiene a su población sin condiciones de vida digna ni acceso a derechos fundamentales, lo que deja a las niñas, adolescentes y mujeres indígenas especialmente expuestas a la violencia.
El 18 de julio, la opinión pública se conmocionó con el caso de una niña awajún de 7 años que quedó en estado grave tras ser violentada sexualmente por su padrastro, identificado como Darwin Chup Wasum, en la comunidad nativa Pantam Entsan, en El Cenepa, provincia de Condorcanqui. El agresor se dio a la fuga y es buscado por autoridades y comuneros. Dos días después, la madrugada del 20 de julio, dos soldados del servicio militar voluntario fueron denunciados por tocamientos indebidos contra dos adolescentes de 15 y 16 años en la residencia estudiantil de la Institución Educativa Ciro Alegría, en el distrito de Nieva. Los militares ingresaron de forma irregular a las instalaciones y huyeron al ser descubiertos por los gritos de auxilio de las víctimas.
“Si es indígena, es más vulnerable”, señala Rosmary Pioc, quien afirma que lo que es novedad en la prensa no lo es para las niñas, adolescentes y mujeres de Condorcanqui, donde la violencia sexual es una constante. La dirigente recalca que la falta de respuesta estatal los mantiene en pobreza y sin acceso a derechos básicos, y que desde muy corta edad las indígenas sufren las consecuencias de esta situación.
Rosmary Pioc.
El escenario es cruel y rompe el alma: civiles y militares han abusado sexualmente de ellas. No es una situación que se viva exclusivamente en las comunidades nativas fronterizas.
En Santa María de Nieva se concentra el mayor número de casos de violencia durante los últimos tres años, seguido por El Cenepa y Río Santiago. Según el Ministerio de la Mujer, la provincia de Condorcanqui enfrenta una situación crítica de violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, siendo la violencia sexual una de las modalidades de mayor incidencia.
Los registros del Centro Emergencia Mujer y Familia de Condorcanqui (CEMF) evidencian que esta problemática afecta principalmente a la población indígena Awajún y Wampis, especialmente a niñas y adolescentes, quienes enfrentan múltiples barreras para acceder oportunamente a los servicios de protección y justicia debido a la dispersión geográfica, las dificultades de comunicación, las diferencias culturales y la limitada presencia del Estado en las comunidades.
En 2024, fueron atendidos por el CEMF 370 casos mientras que en el 2025 hubo 558 denuncias. Es decir, se incrementó en 51%, evidenciando un agravamiento del problema.
Este año, solo en el período de enero a mayo, se registraron 250 casos (no refleja el comportamiento de todo el año). No obstante, al mes de julio, el CEMF registró 325 casos de violencia, lo que evidencia que la problemática continúa de manera sostenida y requiere fortalecer las acciones de prevención, protección y acceso a la justicia.
Es decir, de enero a mayo de este año hubo 1.178 casos, pero al mes de julio la cifra se incrementó a 1.253 denuncias por abusos a menores.
Vulnerabilidad en menores
En el 2024, del total de las víctimas, 324 fueron mujeres y 46 varones; mientras que en el 2025 el registro señala que 477 mujeres fueron abusadas y 81 fueron varones. Este año, de enero a mayo, hubo 250 víctimas (223 mujeres y 27 varones).
Esto demuestra que durante el período 2024–2026, más de ocho de cada diez víctimas atendidas por el CEMF fueron mujeres. Esta tendencia evidencia que la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a mujeres, niñas y adolescentes, quienes constituyen la población de mayor vulnerabilidad en la provincia.
De las 284 víctimas identificadas en 2024, 213 pertenecen a los pueblos Awajún y Wampis, 70 son mestizas y una quechua. En 2025, la cifra subió a 403 víctimas: 327 Awajún Wampis, 75 mestizas y una quechua. Ya en el presente año, de 173 casos registrados, 153 corresponden a Awajún Wampis, 19 a mestizas y una a quechua. El estudio de la base de datos del CEMF Condorcanqui revela que la violencia afecta de manera desproporcionada a la población indígena Awajún y Wampis, con una tendencia creciente entre 2024 y 2026. En los tres años analizados, alrededor de siete de cada diez víctimas fueron clasificadas con riesgo severo. La violencia sexual se mantiene como la modalidad de mayor incidencia en todo el período, siendo el principal motivo de atención del CEMF, por encima de la violencia física, psicológica y económica. Esta tendencia refleja la especial afectación que sufren las niñas y adolescentes en la provincia, y subraya la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, protección y acceso a la justicia. Los resultados también evidencian que la violencia es ejercida principalmente por personas del entorno cercano de las víctimas: familiares, parejas o exparejas, así como por personas sin vínculo familiar, sobre todo en los casos de violencia sexual. El subregistro de la violencia sexual en la región amazónica es abrumador y responde a múltiples factores. Las niñas y mujeres desconocen las rutas de denuncia y atención, no encuentran respaldo familiar ni comunitario para denunciar, temen las represalias de los victimarios y no hallan presencia institucional cercana o accesible. Además, la mayoría de las instituciones que podrían recibir o acompañar las denuncias carecen de mecanismos de atención en lenguas indígenas y suelen tener un trato revictimizante hacia las denunciantes. “Denunciar y buscar protección es una misión imposible”, concluye el informe. Esta realidad pone de manifiesto la especial vulnerabilidad de las mujeres, niñas y adolescentes indígenas en la frontera con Ecuador.
El representante de la Defensoría del Pueblo de Amazonas, José Luis Oblitas, alertó que las víctimas de violencia sexual en la zona fronteriza con Ecuador también sufren por la lejanía de los centros de salud y la falta de comisarías. Explicó que Santa María de Nieva, capital de Condorcanqui, está a unas 16 horas de Chachapoyas, capital de la región Amazonas, por lo que se ha solicitado al Ejército un helicóptero para el traslado inmediato de las víctimas. “Tanto es así que muchos hechos se investigan en el lado ecuatoriano y no se investigan en territorio peruano, porque no tenemos comisarías y están a dos y tres días de viaje en sistema fluvial. A veces por la lluvia no puede zarpar porque pone en peligro a todos los ocupantes”, finalizó.
En junio, una adolescente Wampis fue víctima de violencia sexual por parte de un abogado del sector público en Condorcanqui. Rosemary Pioc advirtió que la violencia sexual y la trata de personas continúan incrementándose en esta provincia. “Estamos cansadas de denunciar. Hay mucha impunidad y ausencia de justicia”, reveló.
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