El diputado electo por Ucayali, Oswar Elbis Cahuaza Mitivire, de la bancada de Juntos por el Perú, asumió su cargo en el Congreso pese a que omitió en su declaración jurada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una sentencia firme por delito doloso. Un reportaje de Cuarto Poder reveló que el parlamentario marcó la opción de que no contaba con fallos judiciales, cuando en realidad registraba una condena confirmada por la Corte Suprema en 2017.

La condena, impuesta en 2012 a tres años de prisión suspendida, se originó por la presentación de un certificado de estudios falso que utilizó para participar en un concurso de la Dirección Regional de Educación de Ucayali. Con ese documento, Cahuaza Mitivire logró una plaza como docente de matemáticas, obteniendo una ventaja de cuatro puntos en el proceso de selección.

El certificado cuestionado, según la Universidad Nacional de Ucayali, contenía información académica que no correspondía a sus registros: consignaba firmas de autoridades universitarias que no ocupaban esos cargos en 1994 y señalaba una cantidad de créditos distinta. La universidad informó que el documento indicaba 66 créditos aprobados y el IV ciclo académico, cuando el estudiante solo tenía seis créditos y se encontraba en el primer ciclo.

Fuente: Cuarto Poder.

¿Por qué continuó en la carrera electoral?

El diputado de Juntos por el Perú (JP), Oswar Cahuaza, evitó brindar mayores detalles sobre la omisión de una sentencia firme en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Antes de asumir sus funciones parlamentarias, fue consultado por el caso y calificó la situación como un asunto particular. La irregularidad no generó su exclusión de la contienda electoral porque no fue detectada dentro del periodo establecido para retirar candidaturas. Al no identificarse el caso antes del cierre del plazo correspondiente, Cahuaza continuó en la carrera y obtuvo un escaño por Ucayali tras alcanzar 3 529 votos. El representante legal de Juntos por el Perú, Jorge Moreno, cuestionó la situación y señaló que el partido evaluará las acciones correspondientes. Tras conocerse el caso, el Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo recopiló la información relacionada con los antecedentes judiciales del parlamentario electo y remitió el expediente al Ministerio Público. La Fiscalía deberá determinar si corresponde iniciar diligencias por la presunta presentación de información falsa en un procedimiento administrativo. El especialista José Tello explicó que la omisión de una condena en una declaración jurada presentada ante una entidad pública puede configurar el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. Según indicó, esta conducta contempla una sanción de entre uno y cuatro años de pena privativa de libertad.

Leer artículo completo en diariocorreo.pe →