El Gobierno de Estados Unidos celebró este sábado la decisión de Venezuela de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI) y aprovechó la ocasión para redoblar sus críticas contra el tribunal, al que calificó de "corrupto", "sin valor" y carente de credibilidad. En un comunicado, el Departamento de Estado respaldó la medida anunciada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y afirmó que el nuevo Gobierno venezolano se suma a los esfuerzos liderados por Washington para "desmantelar" la Corte.
La reacción estadounidense llegó un día después de que el Gobierno venezolano anunciara su decisión "firme e irrevocable" de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar el proceso de retirada de la CPI. El canciller venezolano, Félix Plasencia, sostuvo que el tribunal ha concentrado de forma "desproporcionada" sus investigaciones en países africanos y latinoamericanos y acusó a la Corte de actuar con un sesgo que responde a intereses ajenos a la justicia. Según explicó, por instrucciones de Rodríguez, la decisión ya fue comunicada al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.
La presidenta encargada también acusó a la CPI de haber acumulado un historial de actuaciones dirigidas contra los países del llamado "sur global" y defendió que Venezuela apuesta por una justicia internacional basada en el respeto de la soberanía y el derecho internacional.
El Departamento de Estado afirmó que "la CPI ha estado 'investigando' a Nicolás Maduro desde 2018 sin ningún resultado" y acusó al tribunal de destinar recursos a investigar y acusar a ciudadanos de países con sistemas judiciales "competentes e independientes" que nunca aceptaron su jurisdicción. Según Washington, esa actuación constituye una muestra de "extralimitación", "sesgo político" y "aplicación selectiva de la justicia". El Gobierno estadounidense sostuvo además que la Corte "no es creíble, independiente ni legítima".
La Administración del presidente Donald Trump destacó que Maduro, detenido en Estados Unidos, enfrenta ahora la justicia estadounidense por los delitos que presuntamente cometió y concluyó el comunicado con un llamamiento para que todos los Estados parte abandonen el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI.
Por su parte, la CPI lamentó la decisión venezolana y recordó que la retirada no tendrá efecto inmediato. El tribunal señaló que, conforme al Estatuto de Roma, Venezuela seguirá siendo Estado parte durante un año desde la notificación formal y deberá continuar cooperando con las investigaciones y procedimientos ya iniciados. La investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela permanece abierta desde 2018, tras una remisión presentada por varios Estados, y se centra en hechos ocurridos desde 2017. Aunque el entonces Gobierno de Nicolás Maduro trató de frenar el proceso alegando que la justicia venezolana investigaba esos delitos, la Corte autorizó en 2023 la reanudación de las pesquisas.
La posición estadounidense respecto a la CPI ha sido históricamente tensa. Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma y mantiene que el tribunal carece de jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses. Durante su primer mandato, Trump impuso sanciones contra funcionarios de la Corte por investigar posibles crímenes de guerra cometidos por fuerzas estadounidenses en Afganistán. Aunque esas medidas fueron levantadas posteriormente por el presidente Joe Biden, Washington siguió rechazando cualquier intento de la CPI de ejercer jurisdicción sobre ciudadanos de países que no forman parte del tribunal. En su segundo mandato, Trump ha retomado una postura de confrontación con la Corte, especialmente tras las actuaciones relacionadas con Israel, y ha insistido en que la institución actúa con motivaciones políticas y excede el mandato para el que fue creada.
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