Tras más de dos décadas, el Congreso peruano retorna al sistema bicameral. Desde el periodo 2026-2031, las cámaras de Diputados y Senadores operarán de manera conjunta, pero con roles diferenciados. En la Cámara Baja, 130 diputados asumirán la tarea de ser el primer filtro en la elaboración de las nuevas leyes, antes de que estas pasen al Senado para su revisión definitiva.
Sin embargo, su función va mucho más allá de la iniciativa legislativa. La Cámara de Diputados será el espacio clave para el control político del Poder Ejecutivo. Allí, los ministros de Estado podrán ser interpelados y censurados. Si una moción de censura es aprobada por más de la mitad del número legal de miembros de la Cámara, el titular de la cartera deberá abandonar el cargo. Además, será el único órgano facultado para otorgar o rechazar la cuestión de confianza planteada por el Consejo de Ministros, definiendo así la permanencia política del gabinete en su conjunto.
Para el abogado constitucionalista César Delgado-Guembes, especialista en derecho y gestión parlamentaria, el proceso de interpelación a los ministros podría ser relativamente sencillo, pero la censura resultaría mucho más difícil de alcanzar. Pese a ello, la Cámara Baja se consolida como el espacio de representación ciudadana donde se ejercerán las principales facultades de fiscalización sobre el Ejecutivo, con 16 comisiones legislativas dedicadas a esa labor.
Si bien las leyes aprobadas por los diputados requerirán el aval del Senado para convertirse en norma, ello no resta relevancia a la Cámara Baja. Por el contrario, será allí donde se defina el primer filtro de los proyectos y se ejerza el control político más directo sobre el gobierno.
En el nuevo diseño bicameral, la Cámara de Diputados también tendrá la competencia para iniciar y debatir las mociones de vacancia o suspensión del presidente de la República por incapacidad moral o física, así como sustentar dichos acuerdos ante la Cámara de Senadores. Las vacancias presidenciales, como se sabe, han marcado la política peruana durante la última década. De acuerdo con el especialista, “dada la composición de la Cámara de Diputados, en el papel cabría esperar que las censuras al gabinete o a los ministros no resulten tan fáciles de prosperar”. Esto se debe a que, según las reglas de votación, “la valla para admitir las interpelaciones es significativamente más baja que la valla para presentar, admitir y aprobar las censuras del gabinete o de cualquiera de los ministros”.
La labor técnica y de fiscalización de la Cámara de Diputados se organizará a través de cuatro categorías de comisiones: ordinarias legislativas, ordinarias no legislativas, de investigación y especiales. Las 16 comisiones ordinarias legislativas serán órganos permanentes encargados de estudiar y dictaminar los proyectos de ley según su especialidad. Estas abarcarán materias como Economía, Salud, Justicia y la nueva Comisión de Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital. Los dictámenes aprobados por estas comisiones serán debatidos posteriormente en el Pleno de la Cámara Baja y, de ser aprobados, pasarán al Senado para su evaluación.
Consultado sobre el número de comisiones acordadas para el inicio de funciones de la Cámara Baja, Delgado-Guembes sostuvo que la eficacia del trabajo parlamentario depende más de las competencias asignadas a cada comisión que de su cantidad o denominación. “El número y la nomenclatura de las comisiones no son un índice de una presunta mejor o peor atención de las necesidades de nuestro país. El nombre de las comisiones no quiere decir que las competencias y necesidades queden sin cobertura. En el Senado francés, por ejemplo, el número de comisiones ordinarias o legislativas ha sido de alrededor de seis o siete. El Senado francés cuenta con más de 300 senadores y alrededor de diez grupos parlamentarios. El número significativamente mayor de senadores y de grupos parlamentarios no supone que la multiplicidad de materias deje sin consideración los asuntos que afectan a la ciudadanía. El nombre de una comisión dice poco. Lo que cuenta es la comprensión de las competencias que se le atribuyan a cada comisión”, indicó.
La Cámara de Diputados también contará con tres comisiones ordinarias no legislativas de carácter permanente, vinculadas a procesos constitucionales: la Comisión de Ética Parlamentaria, la Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo —que evaluará la eficacia de las leyes— y la Comisión de Acusaciones Constitucionales, encargada de calificar e investigar denuncias contra altos funcionarios. A estas se suman las comisiones especiales, de creación temporal para fines protocolares, ceremoniales o el estudio de asuntos específicos; su número no podrá superar la mitad de las comisiones ordinarias. El reglamento establece que cada diputado, salvo los miembros de la Mesa Directiva, deberá integrar entre una y cinco comisiones.
En el plano político, las bancadas ya definidas perfilan una disputa entre un bloque de derecha y otro de oposición. En el primero, Fuerza Popular —la bancada con más curules— se alinea con Renovación Popular, con quien comparte afinidades políticas: los fujimoristas tendrán 41 diputados y los renovadores 15, sumando 56 legisladores, cifra que podría ser determinante en más de una votación. Frente a ellos, el bloque opositor, conformado por Juntos por el Perú, Ahora Nación y el Partido Cívico Obras, también reúne 56 diputados. La bancada liderada por Roberto Sánchez contará con 32 escaños, a los que se suman los 10 de Ahora Nación y los 14 de Obras.
Ante este equilibrio, el Partido del Buen Gobierno, con 18 diputados, podría ser decisivo en la aprobación de proyectos de ley en la Cámara Baja. No obstante, Delgado-Guembes consideró que “la calidad de la representación política no depende de una sola agrupación, sino del comportamiento de sus integrantes”.
“En todas y cada una de ellas hay peruanos que pueden comportarse sensatamente para buscar el bien nacional, el bien común y la prosperidad y bienestar de nuestra república”, sostuvo. Agregó que no cree que exista “un único grupo del que dependa la corrección en el ejercicio de la representación”. Señaló que lo que se espera de Buen Gobierno también debería aplicarse “equitativa y simétricamente” a cualquier otra agrupación política. “No creo que sea necesario idealizar a ningún grupo ni tampoco anatematizar a los demás. Todos compitieron en busca de un mismo fin: mejorar la condición de nuestra patria para que todos vivamos mejor y avancemos hacia un destino común en el que nuestra vida tenga sentido”, concluyó.
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