Último tramo del proceso que definiría la pesca en Áreas Naturales Protegidas inició con audiencia clave

La audiencia enfrenta las posiciones de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) contra las del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y el Ministerio del Ambiente (Minam), pero no es la única disputa.

Cronología de status legal

El caso se remonta a 2023, cuando la SNP pidió a Sernanp la eliminación de restricciones contra la pesca industrial en la Reserva Nacional de Paracas, solicitud que fue rechazada mediante la carta 051-2023-SERNANP/DGANP-SGD. El argumento del Sernanp fue que la actividad industrial afectaría los ciclos biológicos que garantizan la conservación de las especies en Paracas.

Ante esa negativa, a inicios de 2024, el gremio pesquero presentó una demanda en la Corte Superior de Justicia contra el Sernanp y el Minam para eliminar el artículo 6.2 de la directiva 006-2021-SERNANP-DGANP, que prohíbe la extracción de mayor escala en las Áreas Naturales Protegidas (ANP), aunque permite la pesca artesanal en esas zonas. En paralelo, la ONG Oceana solicitó al Minam la prohibición de la pesca industrial en la Reserva Nacional Dorsal de Nasca, cuyo decreto de creación de 2021 ya permitía esta actividad extractiva en su zona de aprovechamiento directo (hasta los 1.000 metros de profundidad).

A mediados de 2024, el Poder Judicial declaró infundada la demanda de la SNP. El gremio apeló, llevando el caso a la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema. De forma simultánea, el gremio recurrió al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), argumentando que la norma que prohíbe la pesca industrial en las ANP constituía una barrera burocrática. Sin embargo, el proceso fue suspendido ante la existencia de un proceso judicial en curso.

El 7 de noviembre, la Corte Suprema realizó la última audiencia para revisar la apelación de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), que busca anular la resolución que prohíbe de forma absoluta la pesca industrial en áreas naturales protegidas. Para la SNP, el debate se centra en hallar un equilibrio razonable entre la actividad pesquera y la conservación de los recursos naturales. Samuel Abad, abogado de la SNP, sostuvo que la pesca de mayor escala debería ser posible en ciertas zonas de las ANP, siempre que se evalúe técnicamente cada caso con un informe del Sernanp. “La posición de la SNP es que sí puede realizarse pesca de mayor escala en un área natural protegida siempre y cuando se determine en cada área si es posible o no luego de una evaluación técnica del Sernanp. Cuestionamos la prohibición absoluta”, comentó a Gestión. Abad cuestionó que la directiva del Sernanp, emitida en 2021 durante el Gobierno de Pedro Castillo, establezca una restricción total a la pesca industrial. Según indicó, la ley de áreas naturales protegidas sí contempla la posibilidad de esta actividad en determinadas zonas. Como ejemplo, señaló que si hubiera una prohibición absoluta, no se habría autorizado la pesca de mayor escala en la Reserva Nacional Dorsal de Nasca. “Citamos el ejemplo de Nasca en nuestra demanda de acción popular. Le dijimos al Poder Judicial que es absurda esta resolución directoral porque existe un decreto supremo que permite la pesca de mayor escala. Esa resolución directoral es inferior a un decreto supremo y a una ley”, afirmó.

Los cuestionamientos a la pesca en ANP

La controversia sobre la pesca en áreas protegidas tiene un origen legal que Oceana Perú aclara. Carmen Heck, vicepresidente adjunta de Oceana Perú, señaló que la prohibición no surge de una resolución del Sernanp, sino de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, vigente desde 2001. “La norma lo dice expresamente su artículo 112. El Ministerio del Ambiente demostró en el juicio que la prohibición en realidad se creó en 2001 a través del reglamento de la Ley de ANP. El Poder Judicial ha confirmado esto y se desestimó la demanda. Pero, la SNP en todo su derecho ha apelado la decisión”, recordó.

El artículo 112.5 de ese reglamento ya establecía una prohibición a la “extracción de mayor escala, ya sea marina o continental dentro de las Áreas Naturales Protegidas, cualquiera sea su nivel”. Heck añadió que hay antecedentes: el Ministerio de la Producción (Produce) emitió 99 multas a empresas que intentaron pesca industrial en 2020.

Sin embargo, Heck advirtió un vacío normativo. Recientemente, la responsabilidad de fiscalizar la prohibición se transfirió del Produce al Minam, lo que limita la capacidad de sancionar. “Habiéndose dado esta modificación, el sector ambiente debe dar las normas que pongan en práctica esta transferencia de competencias. Lamentablemente, se ha creado un vacío normativo en el que, si bien la prohibición existe y está vigente, no hay un marco que permita sancionar en caso se infrinja esta prohibición”, refirió.

Un pedido que va más allá de Paracas

Aunque el debate reciente se centró en la posibilidad de pesca industrial en la Reserva Nacional de Paracas, Abad aclaró que la demanda no involucra ni cuestiona la regulación de esa zona.

El abogado de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) aclaró que, si la Corte Suprema revoca la decisión de primera instancia y declara fundada su demanda, “solo se eliminaría la prohibición absoluta, pero no se habilitaría automáticamente la pesca industrial en ninguna ANP”. Sobre la Reserva Nacional de Paracas, enfatizó que “lo que está en discusión judicialmente no es Paracas. Si ganamos, no incide porque esta ANP tiene su propia norma de creación de 1975 y tiene su plan maestro de 2016. Ni la norma de creación ni el plan maestro son objeto de esta demanda”.

En caso el fallo sea desfavorable para el gremio, el representante legal, Abad, recordó que el proceso de acción popular que siguen es la última instancia en la Corte Suprema. Aunque aún les queda otro proceso pausado en Indecopi, no precisó si continuarían con ese camino. En paralelo, sobre la demanda de Oceana para eliminar el permiso de pesca en la Reserva Nacional Dorsal de Nasca, los representantes indicaron que el proceso sigue sin sentencia, pero se esperaría una respuesta antes de que culmine el 2025.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.

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