Aranceles de EE.UU. del 10% al 12,5% contra 60 países generan rechazo global y benefician a México por el T-MEC

Este viernes, la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en marcha una nueva batería de aranceles que oscilan entre el 10% y el 12,5% sobre las importaciones de unos 60 países y economías. La medida, que comenzó a regir a las 0.01 a. m., reemplaza el arancel temporal del 10% que expiró el jueves y afecta a naciones que concentran el 99,4% de las compras estadounidenses en el exterior. La decisión ha desatado críticas en América, Europa, Asia y Oceanía por el posible impacto sobre el comercio internacional.

La Casa Blanca justifica los nuevos gravámenes argumentando que responden a la falta de acciones suficientes para impedir la entrada de productos elaborados mediante trabajo forzoso. La medida se sustenta en una investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta legal que permite a Washington imponer sanciones contra prácticas comerciales consideradas injustificadas o discriminatorias. El Gobierno de Trump recurrió a este mecanismo después de que los tribunales limitaran parte de su anterior estrategia arancelaria.

El representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer, defendió la medida al afirmar que "la tasa y el alcance de las exenciones son apropiados" para lograr la eliminación de las prácticas detectadas durante la investigación. Asimismo, señaló que la decisión busca comenzar "la corrección de lo que constituye una violación de los derechos humanos y una práctica comercial distorsionadora".

Mientras tanto, México se beneficia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que le permite evitar la mayoría de los nuevos aranceles. Por su parte, Canadá intensifica negociaciones con Washington ante la posibilidad de que entren en vigor nuevas tarifas que lo afecten directamente.

En el frente de las críticas, Brasil encabeza el rechazo. La administración de Luiz Inácio Lula da Silva acusó a Washington de utilizar el argumento del trabajo forzoso para justificar una política comercial proteccionista. "El USTR optó por manipular un tema sensible a los derechos humanos y a la lucha de los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo para acusar a 59 países y a la Unión Europea", denunció el gobierno brasileño.

La Presidencia brasileña recordó que el país ha sido reconocido durante décadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por sus políticas contra el trabajo forzoso. La nueva medida se suma al arancel del 25% que Washington impuso días atrás sobre parte de las exportaciones brasileñas. Según la Cámara Americana de Comercio para Brasil, la carga acumulada para algunos productos alcanzará el 37,5%. En contraste, México logró evitar el impacto de la mayoría de los nuevos gravámenes gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que más del 80% de las exportaciones mexicanas continuará ingresando al mercado estadounidense sin pagar los nuevos aranceles. Respecto a los productos que quedan fuera del acuerdo, precisó que seguirán sujetos a un arancel del 10%, por lo que “no afecta o cambia la posición que teníamos hasta ahora”. El anuncio coincidió con la conclusión de la tercera ronda de negociaciones entre ambos países para revisar el tratado comercial, en la que también participó Jamieson Greer. Chile, por su parte, anunció que buscará quedar excluido de la lista de países afectados. La Cancillería aseguró que el país “cuenta con una sólida institucionalidad laboral” y sostuvo que “la aplicación de esta medida a nuestro país no se condice con estos estándares, ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados durante todo el proceso de esta investigación”. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, advirtió que la decisión afecta “la competitividad” de las exportaciones chilenas y genera “incertidumbre para miles de productores y trabajadores”. Panamá, en cambio, celebró haber quedado fuera de la lista de países afectados. El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, afirmó que la exclusión constituye “una noticia positiva que reafirma la sólida relación de amistad y cooperación entre Panamá y Estados Unidos”. La Unión Europea también cuestionó la decisión estadounidense. La alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, calificó los nuevos gravámenes como una “sorpresa negativa” y rechazó las acusaciones relacionadas con trabajo forzoso.

En Asia, Japón calificó la decisión como "lamentable". El portavoz del Gobierno, Minoru Kihara, sostuvo que "la industria y el comercio de nuestro país operan de conformidad con las normas internacionales" y cuestionó que se impongan aranceles bajo el argumento de una supuesta falta de medidas contra el trabajo forzoso. Corea del Sur informó que mantendrá consultas con Washington para preservar el acuerdo comercial vigente. La oficina presidencial señaló que el Gobierno "planea mantener estrechas consultas con Estados Unidos para garantizar que se mantenga el arancel del 15% acordado mutuamente". En Filipinas, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, George Barcelon, afirmó: "Estamos muy preocupados y sorprendidos por esta nueva imposición del 12,5%, que es muy alta". Añadió que la medida "hará que las industrias sean menos competitivas" y calificó de "muy poco claros" los argumentos relacionados con trabajo infantil.

Australia también rechazó los nuevos gravámenes. El ministro de Comercio, Don Farrell, sostuvo que "estos aranceles son injustificados, incompatibles con nuestro acuerdo de libre comercio y deben eliminarse". Además, afirmó que su país cuenta con "algunas de las medidas más sólidas del mundo" para combatir el trabajo forzoso y la esclavitud moderna. En la misma línea, el primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, aseguró que la investigación estadounidense "no proporcionó pruebas significativas para respaldar las acusaciones relacionadas con el trabajo forzoso" y remarcó que "los aranceles no son el camino; aumentan los costos y la incertidumbre para las empresas". Suiza también manifestó su desacuerdo con las acusaciones estadounidenses, mientras que Noruega indicó que no contempla responder con represalias comerciales.

Canadá intensifica las negociaciones. El primer ministro canadiense, Mark Carney, confirmó que Ottawa aceleró las conversaciones con Washington para intentar alcanzar un acuerdo comercial antes de la posible entrada en vigor de un arancel del 50% sobre diversos productos canadienses prevista para el 19 de agosto.

Meses después de que la Corte Suprema de Estados Unidos declarara inconstitucional parte del esquema de aranceles globales impulsado por Donald Trump bajo poderes de emergencia, la Casa Blanca rediseñó su estrategia y recurrió a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, un mecanismo considerado jurídicamente más sólido para sostener futuras medidas comerciales. La administración republicana sostiene que los nuevos gravámenes buscan proteger a los trabajadores estadounidenses y combatir prácticas comerciales desleales. Sin embargo, gobiernos afectados y representantes del sector empresarial consideran que la decisión incrementará la incertidumbre en los mercados, afectará la competitividad de las exportaciones y podría abrir un nuevo capítulo de tensiones comerciales entre Estados Unidos y varios de sus principales socios económicos.

“Si estos aranceles, u otras medidas, entran en vigor, hay toda una gama de cosas que podemos hacer al respecto”, afirmó una fuente, aunque aclaró que “todo está sobre la mesa” y añadió: “No necesitamos responder por adelantado”. Por su parte, el ministro canadiense para el Comercio entre Canadá y Estados Unidos, Dominic LeBlanc, indicó que la inclusión del país en la nueva lista “no es inesperada” y aseguró que Ottawa comparte el objetivo de impedir que bienes producidos con trabajo forzoso ingresen a las cadenas de suministro norteamericanas.

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