Para Luis Rodríguez Mariátegui, socio del área de Minería del Estudio Hernández, las decisiones de inversión en el sector minero dependen más del potencial del recurso y de las perspectivas del mercado internacional que de los ciclos políticos. Los inversionistas, señala, juegan a plazos de 20 o 30 años y, si bien evalúan la estabilidad política y legal, la calidad del yacimiento sigue siendo el factor determinante para apostar por un proyecto.
En ese contexto, el especialista plantea que el Congreso debe priorizar reformas que ofrezcan un ambiente de tranquilidad a los operadores, con mano firme contra la delincuencia y los grupos violentos que entorpecen la minería formal. Además, propone “ajustes para que los permisos para explorar sean más ágiles y la renovación de los permisos tenga un mecanismo aprobatorio simplificado”.
Por su parte, CooperAcción advierte que el Gobierno de Keiko Fujimori recibirá una millonaria cartera de inversión minera en un contexto que exige garantizar la gobernanza del sector y mejorar la relación con las comunidades agrícolas para evitar conflictos. José de Echave, investigador de la organización, recuerda que esa cartera ha cambiado respecto a la de hace una década: ya no predominan los proyectos de clase mundial, sino ampliaciones, optimizaciones y proyectos de reaprovechamiento.
El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, enfatiza que el Congreso bicameral debe priorizar la creación de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), la cual “quedó pendiente porque el Congreso que se está yendo no lo quiso sacar”. Herrera Descalzi aclara que el problema de fondo no radica únicamente en la ausencia de una norma, sino en un sistema que, durante años, ha generado incentivos perversos: mientras la minería informal e ilegal opera con pocas restricciones, la minería formal enfrenta una carga burocrática que retrasa las inversiones.
Rodríguez Mariátegui reconoce que la mayor responsabilidad corresponderá al Ejecutivo, que deberá implementar con rapidez las medidas regulatorias necesarias para aprovechar el actual contexto internacional. “Es el momento del Ejecutivo. No debe permitir que se pierdan las oportunidades que ofrece el contexto global. No podemos dejar que este ciclo favorable para las inversiones vuelva a pasarnos por delante”, anota. Por lo tanto, insta a que se establezcan mesas de diálogo entre las autoridades políticas, las empresas y las comunidades aledañas a los proyectos, en donde se respeten los criterios socioambientales. Un libreto no ajeno para la presidenta electa, quien aseguró que promoverá la minería “con un absoluto respeto al medio ambiente y con armonía en las comunidades”.
“Se pasó de una cartera impulsada por megaproyectos como Las Bambas, Cerro Verde o Quellaveco a otra donde predominan ampliaciones y proyectos de menor envergadura”, dijo.
El exministro del sector Jaime Gálvez coincide en que el Congreso saliente no priorizó una nueva Ley MAPE, sino que optó por prorrogar el Reinfo. Según Gálvez, el punto de partida para esa nueva ley deberían ser los temas consensuados con gremios como la Sociedad Nacional de Minería (SNMPE), el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y otras organizaciones de la MAPE. Además, señala que los problemas de la gran y mediana minería se relacionan más con la demora en la aprobación de proyectos por parte de los distintos opinantes y con la gestión social en zonas mineras. “El gran desafío de la próxima gestión es facilitar las exploraciones”, añade.
Por su parte, el exministro Herrera Descalzi explica a Gestión que “el minero ilegal actúa y extrae sin conocer impedimentos. Destruye la naturaleza, soborna y opera sin mayores obstáculos. El informal, por su parte, sigue trabajando bajo la promesa de formalizarse mediante el Reinfo, que permanece en una situación transitoria permanente. En cambio, para la mediana y gran minería obtener permisos cuesta muchísimo; pasan de una ventanilla a otra y nunca se toman decisiones”. Herrera Descalzi aclara que no basta con tener una ley, e instó a que el Estado replantee su estrategia de formalización y que se cuente con cuadros técnicos porque “los ministerios han mostrado poca capacidad para impulsar reformas y defender técnicamente sus propuestas ante el Congreso”.
Con la instalación del nuevo Congreso bicameral, el sector minero espera que el retorno de las dos cámaras contribuya a mejorar la calidad de las leyes y reduzca la aprobación de iniciativas que, a juicio de la industria, han generado incertidumbre para la inversión en los últimos años.
Para Rodríguez Mariátegui, la bicameralidad podría funcionar como un freno ante iniciativas legislativas impulsadas por presiones políticas o de grupos de interés, como ocurre con la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). En ese sentido, sostiene que “el rol de este Congreso debe ser más de contención a este tipo de proyectos, sin renunciar a legislar en aquello que realmente incentive el crecimiento económico”. A su juicio, las normas que “hoy sirven de paraguas para quienes no han logrado o no han querido formalizarse” deben expirar cuando se cumplan los plazos legales, sin otorgar nuevas prórrogas. Cabe recordar que el Perú aspira a convertirse en el segundo productor mundial de cobre y ya figura entre los principales productores de oro, plata, zinc, plomo, estaño y molibdeno.
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